El Senado rechazó este martes la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau: solo 16 de los 26 votos necesarios respaldaron los dos capítulos del libelo que lograron mayor apoyo. Pero minutos antes de la votación, el senador Fidel Espinoza (PS) tomó la palabra para hacer algo inusual en ese tipo de sesiones: una autocrítica.
“Nosotros hemos sido parte en algunos momentos de la política de acusaciones constitucionales que no tenían los méritos suficientes”, reconoció, citando como ejemplos los casos de la exministra Yasna Provoste y del exministro de Piñera, Harold Bayer, a quienes calificó de víctimas de “revancha política”.
Espinoza fue más allá y admitió haber respaldado, en el pasado, acusaciones constitucionales improcedentes advirtiendo que el mecanismo “ha ido perdiendo con los años su carácter excepcional” para transformarse en “una herramienta de confrontación política permanente”.
La intervención del socialista no fue un hecho aislado. Desde hace casi dos semanas, un grupo transversal de parlamentarios —que va de RN y Evópoli al PS y el Frente Amplio— viene impulsando un proyecto de reforma constitucional para elevar los estándares de esta herramienta de fiscalización.
Los firmantes aseguran que la iniciativa nace de la reflexión común de que la acusación constitucional ha sido mal utilizada desde el segundo gobierno de Piñera en adelante.
La iniciativa, presentada el 19 de junio, es decir antes de que la Cámara de Diputados votara la acusación contra Grau, propone subir de 10 a 20 el número mínimo de firmas parlamentarias para presentar un libelo, exigir un quórum de al menos 78 diputados para aprobarlo y establecer una interpelación previa como requisito obligatorio cuando se trate de ministros de Estado.
La firman, entre otros, el diputado Diego Schalper y la senadora Andrea Balladares (ambos de RN), el senador Luciano Cruz-Coke (Evópoli), y los senadores Diego Ibáñez (FA) y Juan Luis Castro (PS).
En los partidos Republicano y Nacional Libertario —impulsores de la AC contra Grau— la jugada se leyó en clave defensiva: un intento de blindar al exministro Grau con los votos de Chile Vamos. Así lo planteó este martes la diputada del PNL Paulina Muñoz, quien acusó que en Chile Vamos “nunca estuvieron dispuestos a escuchar el libelo ni su fundamentación”.
Sin embargo, en RN y Evópoli el argumento es otro: no se trata de proteger a Grau, sino de cerrar un ciclo que consideran agotado.
“No podemos continuar con una tercera temporada de acusaciones constitucionales, donde se banaliza esta herramienta constitucional y empieza a formar parte de la guerrilla política de la polarización”, sostuvo el jefe de la bancada de RN, Diego Sachalper, al presentar el proyecto.
Desde el Frente Amplio, el senador Diego Ibáñez coincidió en el diagnóstico.
En referencia a la temporada de acusaciones, el senador sostuvo en entrevista con EL DINAMO que “hay una reflexión transversal, de todo el arco político, de que desde 2019 en adelante hubo una polarización que le hace mal al debate racional de ideas”.
Ibáñez le quitó el piso a la idea de acusar a Quiroz, planteada por parlamentarios de su sector. “Yo no veo ninguna violación a la Constitución; eso es algo que tendrán que ver los diputados. Desde el punto de vista del balance de Hacienda, ya son tres meses y sería precipitado proponer hoy algo de esas características. Lo que tiene que ver con los artículos que enviaremos al Tribunal Constitucional se relaciona con el contenido del proyecto, que todavía está en discusión”, añadió.
El diagnóstico compartido tiene respaldo en las cifras. Desde 2018 a la fecha, la Cámara ha tramitado 23 acusaciones constitucionales: diez durante el segundo periodo de Piñera, marcado por dos libelos contra el propio Presidente tras el estallido social, y trece durante el gobierno de Boric, que incluyeron ocho contra ministros de Estado, un delegado regional y cuatro contra magistrados del Poder Judicial en el contexto del caso Hermosilla.
Si bien el proyecto de Schalper, Cruz-Coke e Ibáñez no alcanzó a regir en esta pasada, su eventual aprobación podría terminar en un inesperado blindaje para los ministros del presidente Kast. Esto, en caso de que la correlación de fuerzas cambie a partir de los eventuales desafueros de los senadores oficialistas Miguel Ángel Calisto, Camila Flores y Alejandro Kusanovic.
