La megarreforma, el proyecto insignia de la administración Kast, llegará este miércoles a la sala del Senado en las condiciones que el Gobierno quería evitar: sin acuerdo con la oposición, con las confianzas del PPD quebradas y con un requerimiento al Tribunal Constitucional ya anunciado por seis partidos opositores.
Según el cronograma acordado por los comités, el proyecto de Reconstrucción Nacional será sometido a votación en la sala este miércoles 15 de julio, hasta su total despacho. La cita marca el momento más delicado del segundo trámite de una iniciativa que fue aprobada en general por 26 votos a favor, 23 en contra y una abstención, el mínimo exigido para seguir adelante. Con ese margen, cada uno de los nudos que la megarreforma arrastra hacia su semana decisiva puede alterar el resultado. Estos son los cuatro principales.
El acuerdo caído con el PPD y el último esfuerzo
El miércoles pasado, el Ejecutivo exhibió su mayor avance político del trámite: un entendimiento con la bancada de senadores del PPD en torno a la invariabilidad tributaria, uno de los puntos más resistidos del proyecto. El Ejecutivo acogió gran parte de las propuestas de los parlamentarios, reduciendo de 25 a 10 años el plazo general de invariabilidad para inversiones de hasta US$100 millones, fijando 15 años para proyectos de hasta US$350 millones y manteniendo los 25 años solo para las inversiones de mayor tamaño, además de incorporar una sobretasa de 1,5% para quienes se acojan al beneficio.
Sin embargo, el entendimiento duró 48 horas.
El viernes, mientras la Comisión de Hacienda discutía en particular el proyecto, los senadores del PPD advirtieron que retirarían su respaldo, molestos porque el Ejecutivo había ingresado una indicación que rebajaba el impuesto corporativo de 23% a 22%, cambio que —aseguraban— nunca fue parte de las conversaciones. Aunque Hacienda retiró la indicación y repuso la tasa original, el desenlace no cambió. En un comunicado, los senadores Pedro Araya, Ricardo Celis y Loreto Carvajal acusaron que el Ejecutivo “traicionó la buena fe con la que nos sentamos a negociar”.
El último esfuerzo por recomponer el diálogo se juega en estas horas. Durante el fin de semana, el biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, mantuvo contacto con el senador Araya, y en La Moneda se evaluaba concretar este lunes una reunión con la bancada de senadores del PPD.
Pero las condiciones cambiaron. Hoy, de los cuatro senadores de filiación PPD, sólo Araya sigue en conversaciones con el Ejecutivo. El senador, sin embargo, presentó nuevos requerimientos: una rebaja al impuesto específico de los combustibles y que los términos queden plasmados en papel.
Alvarado o Quiroz: quién conduce la última milla
El episodio del viernes reordenó los papeles dentro del Ejecutivo. Durante buena parte del trámite en el Senado, la conducción de la negociación estuvo en manos del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz. Algunos de quienes participaron en las conversaciones señalaban que era él quien definía qué propuestas entraban y cuáles no, en desmedro de los ministros políticos con más redes en el Congreso, como Alvarado y el titular de la Segpres, José García Ruminot.
Eso cambió tras la fallida indicación del 22%. Fue Alvarado quien, consciente del conflicto que estaba generando la modificación, instruyó a Quiroz retirarla para restablecer las condiciones pactadas, y desde esa misma tarde el Gobierno comenzó a transmitir a los senadores del PPD que el interlocutor válido para la recta final pasó a ser el biministro.
El propio Alvarado lo confirmó: “Le solicité expresamente al ministro de Hacienda retirar la indicación”, dijo a La Tercera, junto con admitir que no está el escenario para un entendimiento global con la oposición.
La señal más nítida del cambio de interlocutor la dio el propio Araya: “Prefiero hablar con el ministro Alvarado, que tiene la conducción política del gobierno”, afirmó el senador, quien atribuyó a Quiroz la responsabilidad del impasse.
El requerimiento al TC por la invariabilidad y las normas ambientales
En paralelo a la negociación, la oposición ya definió su siguiente movimiento. El jueves pasado, los presidentes del PS, el PPD, el Partido Liberal, la DC, el Frente Amplio y el PC confirmaron mediante una declaración pública que recurrirán al TC para que revise el proyecto en materia tributaria y medioambiental.
Tanto diputados como senadores presentarán requerimientos al término de la tramitación en el Senado, con la coordinación jurídica a cargo del abogado constitucionalista Tomás Jordán, quien sostuvo que, pese al acuerdo alcanzado con los senadores del PPD, persisten vicios de constitucionalidad en la invariabilidad y en las normas vinculadas a las Resoluciones de Calificación Ambiental.
El flanco ambiental apunta a la disposición que obliga al Estado a restituir los gastos en que incurrió un privado si se anula judicialmente una RCA, indicación que provocó que los senadores Alfonso de Urresti (PS), Ricardo Celis (PPD) y Diego Ibáñez (FA) se retiraran de la Comisión de Medio Ambiente y anunciaran reserva de constitucionalidad.
El Gobierno, hasta ahora, resta dramatismo a la ofensiva. Quiroz aseguró que La Moneda está “bastante tranquila” respecto de la constitucionalidad de ambas disposiciones.
El voto dirimente: el factor Silva
Si la megarreforma termina en el TC, el resultado podría depender de un cambio que se concretó este mismo lunes. En una ceremonia iniciada a las 10 de la mañana, la ministra Daniela Marzi entregó la presidencia del tribunal a la ministra María Pía Silva, quien permanecerá en el cargo hasta el término de su periodo, en julio de 2027. El relevo no es menor: la presidencia del TC tiene el voto dirimente cuando el pleno queda empatado, y con diez ministros, los empates no son teóricos.
El fallo sobre Escuelas Protegidas es el ejemplo más reciente. La sentencia reveló que en tres de las normas impugnadas se produjo un empate de cinco votos contra cinco, y fue el voto dirimente de Marzi, cercana al Frente Amplio, el que inclinó la balanza hacia la inconstitucionalidad.
Silva, identificada como cercana a la DC, votó en esas mismas materias por la constitucionalidad de las normas.
Trasladado a la megarreforma, ese antecedente explica por qué en el oficialismo y la oposición ya sacan cuentas sobre el nuevo escenario.
Abogados constitucionalistas, sin embargo, llaman a la cautela. Silva no encaja fácilmente en un eje izquierda-derecha: en materias de derechos sociales ha coincidido con las ministras de perfil progresista, mientras que en asuntos económicos sus posiciones han tendido a ser más conservadoras.
