Faltando solo el tercer trámite en la Cámara de Diputados, que el Gobierno pretende zanjar la próxima semana, la megarreforma entró en su recta final. Y en La Moneda ya identifican las dos tareas urgentes que tomarán su lugar en la agenda: implementar el plan de seguridad y levantar un paquete de medidas frente a un desempleo que no cede.
Este miércoles, la Sala del Senado aprobó el corazón y la mayoría del articulado del proyecto de Reconstrucción Nacional propuesto por el Ejecutivo, por una estrecha mayoría de 26 votos, replicando el margen con que la iniciativa había superado la votación en general el pasado 24 de junio.
El proyecto llegó a la Sala tras un intenso trabajo en la Comisión de Hacienda, que a inicios de esta semana aprobó por mayoría la fórmula de invariabilidad tributaria acordada entre el Ejecutivo y senadores, que establece estabilidad de las condiciones tributarias por 10 años para inversiones de US$50 millones, 15 años para proyectos entre US$50 y US$350 millones y 20 años para montos superiores, con una tasa corporativa adicional de 1,5% para las empresas que opten por el mecanismo. Todo ello refrendado en Sala.
Ahora, el calendario que maneja el Gobierno no admite demoras. La intención del Ejecutivo es que la Cámara de Diputados revise los cambios introducidos por el Senado y despache el proyecto la próxima semana, considerando que la última semana de julio es distrital. El objetivo de fondo es evitar una eventual comisión mixta que dilate la tramitación y abra un nuevo flanco de negociación.
No es un riesgo menor: parte de las modificaciones acordadas en el Senado —entre ellas la propia invariabilidad— han generado reparos en bancadas de la Cámara, y desde la oposición ya se ha planteado la posibilidad de llevar ciertas partes de la megarreforma al Tribunal Constitucional.
Qué viene post megarreforma
Pero con el eventual éxito legislativo en el horizonte, al Gobierno se le presenta un desafío distinto: ordenar sus prioridades para definir cómo sigue la agenda.
La dimensión de esa tarea queda a la vista en el balance legislativo del Ejecutivo. Desde el cambio de mando del 11 de marzo, el Gobierno ha ingresado 32 proyectos de ley mediante mensaje a la Cámara de Diputados, de los cuales solo cuatro han sido publicados como ley —la autorización de mayor endeudamiento fiscal para 2026, las modificaciones a la ley de seguridad privada, el reajuste del ingreso mínimo y las medidas para contener el precio del kerosene doméstico—.
El resto sigue en tramitación, en buena parte a la espera del espacio legislativo que la megarreforma ha concentrado durante los primeros cuatro meses de administración. Despachado el proyecto ancla, ese espacio queda disponible. Y en el Ejecutivo mencionan dos tareas urgentes para ocuparlo.
La primera es la implementación del plan de seguridad y el robustecimiento de la agenda legislativa en esa materia. El diseño ya fue anunciado por el presidente José Antonio Kast en su primera Cuenta Pública, el 1 de junio, cuando comprometió la creación de siete Fuerzas de Tarea especializadas bajo el liderazgo del Ministerio de Seguridad Pública —orientadas a amenazas como el secuestro, el ciberdelito, el crimen organizado y la violencia en la Macrozona Sur— y el despliegue de un Plan de Intervención Barrial Intensivo en 50 barrios críticos del país.
Y parte de la agenda ya está en el Congreso: entre los mensajes ingresados figuran la reforma constitucional que permite la detención con fines de expulsión administrativa de migrantes, la ampliación de las hipótesis de tráfico de migrantes, la creación de un registro de actos vandálicos e incivilidades, cambios al Código Procesal Penal para evitar que la incomparecencia del acusado paralice los juicios, modificaciones a la ley de estados de excepción en materia de control de identidad y medidas de seguridad para la comunidad educativa.
A ellos se suman los compromisos de la Cuenta Pública que aún esperan concreción, como la ampliación del plazo de flagrancia de 12 a 24 horas y las mayores penas por asociación delictiva y criminal. El desafío que viene, según describen en el Ejecutivo, es doble: que las fuerzas de tarea operen con plazos claros y que ese paquete de proyectos avance en el Congreso con la misma prioridad que tuvo la megarreforma.
El frente de desempleo que debe atajar el Gobierno de Kast
La segunda tarea apunta al mercado laboral, el flanco más incómodo del panorama económico.
Según el Instituto Nacional de Estadísticas, la tasa de desocupación se ubicó en 9,4% durante el trimestre móvil marzo-mayo de 2026, el nivel más alto desde junio de 2021, completando 41 meses consecutivos sobre el 8%. En la Región Metropolitana el indicador alcanzó 9,8%, mientras la ocupación informal se mantuvo en 27%.
A diferencia de la seguridad, en este frente el Ejecutivo no cuenta todavía con un paquete legislativo desplegado. Fuera del reajuste del ingreso mínimo ya publicado, la principal apuesta laboral del Gobierno está contenida en la propia megarreforma.
Durante la tramitación en el Senado, Hacienda reformuló el crédito al empleo, uno de los instrumentos centrales de la iniciativa. El ministro Jorge Quiroz explicó que la medida se focalizará en grupos más vulnerables y en contratos indefinidos, reduciendo su costo fiscal desde los US$1.400 millones originales a cerca de US$400 millones, y que se sumará un crédito al trabajo para sectores exportadores basados en el conocimiento. Pero en el Gobierno reconocen que la megarreforma, cuyos efectos en crecimiento y empleo operan a mediano plazo, no basta por sí sola para responder a la urgencia del desempleo, y de ahí la necesidad de apuntalar un paquete complementario.
Este mismo miércoles, en paralelo a la votación en el Senado, el Gobierno ingresó por la Cámara el proyecto de adaptabilidad laboral, que flexibiliza la ley de 40 horas.
La iniciativa permite promediar la jornada en 16 semanas —hoy son 4—, con semanas que excepcionalmente podrán llegar a 45 horas ordinarias, siempre mediante acuerdo escrito entre las partes. El proyecto ya abrió el debate entre los diputados de la Comisión de Trabajo, con respaldo del oficialismo y críticas de la oposición, que acusa un retroceso para los trabajadores.
En el Ejecutivo estudian, además, un proyecto que reemplace la indemnización por años de servicio por un seguro de indemnización a todo evento.
