A las 19.13 del miércoles, la Cámara de Diputados aprobó por 80 votos a favor, 48 en contra y 3 abstenciones el informe de la comisión mixta que resolvía el último punto pendiente de la megarreforma. En La Moneda faltaba solo un paso: el Senado. Pero nunca llegó la confirmación.
El desmarque de senadores oficialistas obligó al Ejecutivo a pedir el retiro de la urgencia y aplazar la votación, sepultando el anhelo del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, de despachar la reforma antes de agosto.
La meta se le ha ido corriendo al titular de Hacienda. Primero fue el primer semestre de 2026: el proyecto de Reconstrucción Nacional debía estar cerrado antes de que terminara junio. Después, con el tercer trámite y los requerimientos ante el Tribunal Constitucional en el camino (los cuales se buscaron frenar mediante una negociación esteril en el Senado) el plazo se movió a julio, para dejar agosto solo para los vetos.
En la oposición hablan derechamente de una obsesión del ministro con el calendario. Sin embargo, el apuro tiene una explicación: para Hacienda, cada semana de incertidumbre sobre una reforma tributaria de esta envergadura tiene costo económico.
Lo frustrante para Quiroz es que el obstáculo que desarmó el plan no fue la invariabilidad tributaria ni las normas ambientales, que ya están en el TC. Fue un artículo de apariencia técnica: la compensación a las municipalidades por el fin del pago de contribuciones para la vivienda principal de los mayores de 65 años.
Un acuerdo cojo
La relación entre Quiroz y los alcaldes fue tirante desde el inicio de la tramitación, incluso con los jefes comunales oficialistas. La exención de contribuciones —una de las promesas emblemáticas del Presidente José Antonio Kast en campaña— contemplaba en su diseño original una cuantiosa merma en las arcas municipales, y el mundo comunal exigió desde el primer día una compensación íntegra.
Para subsanar la controversia, el Ejecutivo propuso un nuevo mecanismo, distinto al aprobado en el Senado. La fórmula establece que la Tesorería General de la República cubrirá mediante transferencias la menor recaudación, con montos calculados anualmente por el Servicio de Impuestos Internos, con lo cual cada municipio recibirá un aporte proporcional a lo que habría dejado de percibir.
Ese diseño es, precisamente, el punto de la discordia. Como las comunas de mayores ingresos recaudan más por contribuciones, también son las que recibirán la mayor compensación.
“El Gobierno ingresa una indicación que fue acordada con una parte de los alcaldes y alcaldesas de Chile, no por la Asociación Chilena de Municipalidades”, acusó la alcaldesa de Quinta Normal y vicepresidenta de la ACHM, Karina Delfino (PS), quien calificó la propuesta como “profundamente injusta y desigual”.
La jefa comunal puso cifras sobre la mesa: Las Condes recibiría más de $13 mil millones, mientras Quinta Normal quedaría con $59 millones y Cerro Navia con apenas $4 millones.
El alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic (FA), fue más allá y apuntó al origen de los recursos: vecinos de comunas populares terminarían “financiando un subsidio de más de 30.000 millones de pesos al año a las tres comunas más ricas de Santiago”.
“Creemos que es una aberración, que es regresivo, que no es justo”, remató.
Sin los votos
El miércoles, tras el visto bueno de la mixta y de la Cámara, el Ejecutivo llegó al Senado convencido de que el trámite estaba cerrado. Sobre el papel, el oficialismo contaba con los 26 votos necesarios. En la Sala, la cuenta no cuadró.
El senador Enrique van Rysselberghe (UDI) estaba ausente por razones personales. A eso se sumó la negativa de Matías Walker (ind.), senador por Coquimbo, quien condicionó su respaldo a garantías de recursos para la reconstrucción a las comunas de su región que fueron afectadas por el sistema frontal.
Y desde las propias filas gremialistas, Gustavo Sanhueza anunció en la Sala que no concurriría con su voto sin mayores controles a la administración municipal de los fondos.
Con la oposición decidida a rechazar, el Gobierno quedó sin margen. El comité de la UDI pidió segunda discusión —una maniobra reglamentaria que impide votar en la misma sesión— y La Moneda debió retirar la urgencia para viabilizarla. La sesión terminó sin votación.
“Un bochorno”, resumió la senadora Paulina Vodanovic (PS), en una descripción que se repetía también en pasillos del propio oficialismo.
El día después
A Quiroz se le vio molesto este jueves. Consultado en La Moneda por los reparos de los jefes comunales opositores, el ministro respondió sin rodeos: “Muy sencillo, aquí hay una propuesta de compensar todos los ingresos municipales. Si los alcaldes prefieren que no los compensen, no se compensan”.
Y ante la insistencia sobre la distribución de los recursos, cerró: “Es un tema político que se discute en el Congreso, y no es materia de decisión municipal”.
El titular de Hacienda descartó, eso sí, que el episodio constituya un fracaso. “Se aprobó primero la propuesta en la comisión mixta, después se aprobó en la Cámara de Diputados, y después se tuvo este tropiezo en el Senado”, enumeró, y le restó peso al artículo pendiente: “Se apruebe o no se apruebe, lo importante es que está aprobada la reforma, y que hemos avanzado lo más rápido posible”.
En el Ejecutivo, el biministro del Interior y de la Segpres, Claudio Alvarado (UDI), atribuyó el traspié a la ausencia de un senador por motivos personales: “Son imprevistos que suceden y hay que asumirlos como tal”.
El calendario, en todo caso, ya no depende solo de la voluntad de Hacienda. La votación quedó postergada hasta el regreso de la semana distrital y, según legisladores consultados por EL DÍNAMO, el despacho definitivo del proyecto no llegaría antes de la segunda semana de agosto.
A eso se suman los vetos supresivos que prepara el Gobierno —que también deben ser votados por el Congreso— y la resolución de los tres requerimientos pendientes en el Tribunal Constitucional.
