El presidente José Antonio Kast hizo del test de drogas una marca personal antes de llegar a La Moneda. Anoche, esa misma herramienta le costó el cargo a su subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, removido tras un resultado positivo que aún debe confirmar la contramuestra.
El caso, inédito a nivel de Gobierno central, abre además un flanco incómodo: el Ejecutivo no ha cumplido con publicar los resultados del resto de sus autoridades y tampoco ha ingresado la legislación sobre el tema que comprometió en abril.
La salida de Rodríguez se comunicó en dos tiempos. Presidencia informó primero, mediante un comunicado emitido el jueves en la noche, que el Mandatario aceptaba la renuncia del funcionario. Minutos más tarde, el biministro Claudio Alvarado confirmó que fue removido tras dar positivo al test de drogas.
Alvarado explicó que el primer examen de Rodríguez, en abril, dio negativo, pero que el análisis de la primera muestra de un segundo test, practicado en junio, arrojó positivo.
La contramuestra sigue pendiente y el exsubsecretario comunicó que se realizará exámenes adicionales en otros laboratorios para descartar cualquier consumo. “Esta notificación legal nos obliga a actuar en consecuencia”, dijo el biministro, quien remarcó el compromiso del Gobierno con la transparencia pese a que el resultado no es definitivo.
El presidente Kast informó la decisión a los timoneles oficialistas en la cita que encabezaba ayer en la noche en La Moneda, y la subrogancia quedó en manos de Tomás Bunster, coordinador de Regulación Económica y jefe de asesores de Hacienda, considerado uno de los colaboradores de confianza del ministro Jorge Quiroz.
Un control con sello presidencial
El régimen que terminó por remover a Rodríguez tiene la firma política de Kast. El artículo 110 de la ley 21.806 —el reajuste del sector público— obliga a ministros, subsecretarios, delegados presidenciales, seremis y jefes de servicio a someterse a un examen de consumo de drogas ilegales al asumir, repetirlo al menos dos veces al año mediante muestra de pelo, y hacer públicos sus resultados.
La Contraloría precisó su alcance en abril, a través del instructivo IN16/2026 firmado por la contralora Dorothy Pérez: el examen inicial debe practicarse hasta 30 días hábiles después de la asunción, los controles posteriores deben ejecutarse “en fechas variables e imprevistas” dentro de cada año calendario y, en el caso del jefe de Estado, sus ministros y subsecretarios, la Glosa 03 de la Ley de Presupuestos 2026 exige que sean semestrales.
El test de junio que complicó a Rodríguez corresponde precisamente a ese segundo control. El mismo documento advierte que el incumplimiento de estas obligaciones puede configurar una infracción al principio de probidad administrativa.
El énfasis, además, viene de antes de La Moneda. En la campaña de 2021, Kast emplazó a Gabriel Boric por el consumo de drogas, y el entonces candidato del Frente Amplio terminó realizándose un examen cuyo resultado exhibió en un debate en vivo.
Ya como presidente, el 8 de abril pasado, Kast se practicó un test de pelo en un centro de la ACHS —el primero desde que asumió— y anunció un paquete de medidas: modificar el decreto 1.215 para consagrar el examen de pelo como estándar, instruir a Dipres para financiar los tests en ministerios y servicios, y enviar “en las próximas semanas” un proyecto de ley para extender la obligación al presidente, parlamentarios y directivas de partidos con financiamiento público.
Los resultados que no aparecen
Ahí se abre la primera grieta. Aunque la ley establece que los resultados “serán públicos” —criterio que Contraloría ratificó expresamente—, no existe un registro sistemático y accesible de los exámenes de las autoridades del Gobierno central, y el positivo de Rodríguez es el único de ese nivel que se ha transparentado, precisamente porque derivó en su remoción.
EL DÍNAMO intentó contactar a la subsecretaría del Interior dirigida por Máximo Pavez para saber sobre el proceso de regularización de este mandato de Contraloría, pero no obtuvo respuesta.
Los casos recientes apuntan en la dirección contraria a la publicidad. El Mostrador reveló esta semana que el seremi de Hacienda de Arica renunció en medio de su resistencia a exhibir el test practicado por su servicio, y que la Subsecretaría de Agricultura se negó a revelar las sustancias pesquisadas en el examen del exseremi de esa cartera, pese al mandato legal de publicidad ratificado por Contraloría.
Ese antecedente remite al primer positivo de la administración: en junio, el Ministerio de Agricultura aceptó la salida de Jorge Heiden como seremi de la Región de Arica y Parinacota “tras la realización de los test de drogas aplicados a los secretarios regionales ministeriales del país”.
Y el flanco regional podría no estar cerrado: consultado por el caso Rodríguez, el senador Gustavo Sanhueza (UDI) sostuvo que hay seremis en una situación similar y expresó preocupación por la aparición de casos en varias regiones, aunque evitó entregar detalles.
El proyecto que nunca llegó
La segunda grieta es legislativa. A más de tres meses del anuncio presidencial, los portales de la Cámara de Diputados y del Senado no registran mensajes del Ejecutivo en la materia, según constató EL DÍNAMO.
El compromiso de extender los exámenes a parlamentarios y partidos no se ha traducido en un texto ingresado a tramitación.
Donde sí ha habido movimiento es en el propio Congreso, pero por iniciativa parlamentaria: la Comisión de Gobierno del Senado aprobó en general una moción de los senadores Esteban Velásquez y Alejandra Sepúlveda que obliga a diputados y senadores a someterse a exámenes de detección de drogas durante el ejercicio del cargo, luego de que la Sala respaldara una reforma al reglamento de la corporación en la misma línea.
Es decir, en el terreno que Kast prometió liderar, el Legislativo avanzó primero y sin el respaldo del Ejecutivo.
En abril, la ex ministra vocera Mara Sedini justificaba la demora inicial de los exámenes en que la ley no contaba con financiamiento ni reglamento operativo.
