La reforma constitucional de seguridad, pieza central de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT) del Gobierno del Presidente José Antonio Kast, cumple dos semanas tramitándose sin lograr consenso siquiera en el propio oficialismo.
El proyecto ha sumado desmarques —el más reciente, del alcalde de Providencia, Jaime Bellolio (UDI)— y el propio Ejecutivo reconoce que no tiene asegurados los votos para aprobarlo en el Senado. En conversación con EL DÍNAMO, la diputada Constanza Hube (UDI), quien ha oficiado como interlocutora de su partido con el Gobierno en esta materia, asegura que ciertas cuestiones al momento de presentarse su pudieron haber hecho mejor, propone modificaciones concretas al nuevo estado de excepción y respalda la gestión del ministro Martín Arrau pese al traspié comunicacional.
—La reforma se presentó hace un par de semanas entre traspiés, desmarques y compromisos, y hoy ni siquiera se ha empezado a discutir en la Comisión de Seguridad. ¿Qué falló en el diseño del Gobierno?
—Mira, en todo proyecto de ley es bueno el trabajo prelegislativo, y en una reforma constitucional debería serlo aún más. En este caso hubo trabajo prelegislativo, pero evidentemente no fue suficiente. Además, las reformas constitucionales deben ser acotadas, quirúrgicas, minimalistas, y esta es un poco más amplia que eso.
Pero más allá de eso, creo que el problema de fondo es que la agenda de seguridad es mucho más amplia y robusta que la reforma constitucional: son 36 proyectos. Reducir la agenda de seguridad a la reforma constitucional es un error y eso termina opacando una agenda mucho más robusta.
—Usted habla del trabajo prelegislativo. ¿Extrañó la mano de los ministros Alvarado y García en la redacción?
—No sé bien quién redactó la reforma constitucional; esa información la maneja el ministro y su equipo. Pero quizás faltó un poco más de mano de constitucionalistas expertos en la redacción del proyecto. Eso sí creo que hizo falta. Y creo que quedó un poco en evidencia por los comentarios que se han dado a propósito de la reforma. Uno puede estar muy de acuerdo con la agenda, pero aún así creo que en el fondo era importante… En las reformas constitucionales no se puede jugar con el tejo pasado.
—¿Cree que esa estrategia, la del “tejo pasado”, no fue bien calculada en cuanto a lo que iba a repercutir en el Congreso?
—Má allá de eso, creo que el error es que la reforma constitucional se presente como el ícono de la agenda contra el crimen organizado y el terrorismo. Entendiendo que, entre otras iniciativas, está el fortalecimiento de la seguridad portuaria, el reclutamiento de menores por asociaciones criminales, la infraestructura crítica, suprimir las notificaciones judiciales a Carabineros, mejorar la carrera de Carabineros, la ley de seguridad municipal, las leyes antiencapuchados y antibarricadas, y un largo etcétera. Es una agenda tan nutrida, tan amplia, tan robusta y tan grande, que el hecho de que se haya partido con la reforma constitucional creo que fue un error.
El estado de excepción: “Yo, en principio, no lo mantendría”
—Desde RN ya han salido voces a plantear que lo mejor sería sacar el estado de excepción del proyecto. ¿Qué opinión tiene la UDI?
—El estado de excepción hay que revisarlo. En la práctica, un estado de excepción, como su nombre lo indica, es de excepción y anormalidad constitucional: se restringen derechos fundamentales, y tiene que haber control del Congreso. Creo que hay que pensar, quizás, en mantener ese estado de excepción como uno transitorio —es decir, que se pueda decretar pero por un período acotado de tiempo— o reformar, por ejemplo, un estado de emergencia y hacer ahí alguna modificación.
—Entonces no lo sacaría de la reforma…
—Hay varias alternativas frente a esta propuesta que se pueden explorar durante la discusión de la reforma. Yo, en principio, no lo mantendría, pero entendiendo que hay una necesidad de tener atribuciones pensando en este problema práctico que todos compartimos —o debiéramos compartir, al menos, el objetivo—, se podrían buscar alternativas más acotadas que lo que se está presentando hoy en la reforma constitucional. Ahí, por ejemplo, hay un par de alternativas.
—Algunas de las atribuciones que se le facultan al presidente son propias del Poder Judicial. ¿Qué pasaría con esas atribuciones? ¿Las eliminaría de raíz?
—¿A qué atribuciones del Poder Judicial se refiere?
—Por ejemplo, la interceptación de comunicaciones, que es una facultad propia del Ministerio Público para llevar sus investigaciones, o la requisición de bienes. De hecho, algunos constitucionalistas han planteado que hay una tensión entre los poderes del Estado —Ejecutivo y Judicial— que ven como riesgosa.
—Lo que pasa es que los estados de excepción constitucional, por eso el nombre, el origen y el objetivo es que, ante una situación o causa excepcional, se generan mayores atribuciones para el presidente por un período acotado de tiempo, con control, y se pueden restringir derechos que en principio no se podrían restringir. Esa es la idea de un estado de excepción.
Y de hecho, hoy en nuestra Constitución existen otros estados de excepción, como el estado de asamblea o de guerra, en los que se puede restringir bienes o interceptar comunicaciones. O sea, eso depende de la causal. La discusión que en el fondo estamos teniendo hoy es qué debería habilitar o restringir un estado de excepción de seguridad pública en materia de derechos fundamentales —aquí la precisión es lo importante—. Esa es la discusión. Pero hoy es parte de la lógica del estado de excepción que el presidente tenga atribuciones excepcionales que en principio no tendría. Esa es la lógica del estado de excepción.
—¿Pero podría asimilarse el estado de asamblea a un conflicto con el crimen organizado?
—Eso es parte de los comentarios y observaciones que uno le hace a este estado de excepción: si vamos a darle las mismas atribuciones que tiene el estado de excepción por conflicto externo, entonces el control debería ser equivalente. Creo que da para reflexionar si debiéramos tener, por una amenaza grave o una afectación grave a la seguridad pública interna, otro estado de excepción, o uno que habilite este tipo de restricción de derechos.
—Otra controversia es la restricción de algunos derechos sociales. ¿Usted sacaría de esa restricción, por ejemplo, el derecho a la salud?
—Creo que está mal planteado porque esto no es materia constitucional. Me parece que es más bien materia de restricciones que se podrían establecer por ley, y no creo que ese sea el lugar pertinente para regularlo. Y, además, la norma genera más confusión que otra cosa.
—El Gobierno lo plantea en la reforma ante la posibilidad de que después el Tribunal Constitucional pueda dejar sin efecto esa norma si es que se establece por ley simple.
—Entiendo que ese es el punto, pero uno no puede pensar que, porque el Tribunal podría fallar en contra, hay que modificar la Constitución en materias que son legales. Si la materia es constitucional, bien; pero si es una materia legal, uno no puede hacer reformas constitucionales pensando en cómo va a fallar un tribunal, o una mayoría circunstancial, como la que existe hoy en el Tribunal Constitucional.
Entendemos que la composición actual (del TC) no es favorable al oficialismo, y esa es una realidad. Pero las instituciones quedan, las personas pasan, y en la práctica no se puede constitucionalizar ad hoc.
—Considerando el ruido en el oficialismo y que posiblemente no se van a obtener los 29 votos, ¿vale la pena perseverar con esta reforma constitucional?
—Este Gobierno no le tiene miedo a la impopularidad, y creo que eso es un valor. Sin perjuicio de eso, para que una reforma constitucional avance y tenga viabilidad, tiene que tener base jurídica y política. En eso creo que la forma de avanzar ha sido clara en dos sentidos: no se va a retirar la reforma, pero se está disponible para que se le hagan modificaciones —eventualmente muy profundas—, lo que va en la línea de la propuesta que hicimos nosotros como partido, y también en la línea de no querer apurar la reforma, sino que tenga una tramitación reflexiva, que se demore todo lo que tenga que demorarse. Eso, al menos para mí, me deja satisfecha.
Balance interno del oficialismo y evaluación del ministro Arrau
—Sobre el ministro Arrau. ¿Cómo evalúa su desempeño?
—Creo que el ministro Arrau es un extraordinario ministro: incansable, inagotable, y con una agenda muy robusta y muy clara respecto de sus objetivos. De hecho, hace unas semanas se dieron a conocer cifras que muestran, comparado con el período anterior, una baja de 17% en los homicidios. Y si bien ha habido traspiés en la reforma, yo no lo veo como un error del ministro, sino más bien como un paso en falso respecto de cuándo se debió dar a conocer esta reforma.
