El Gobierno resiste. Pese a que la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), volvió a emplazar este miércoles al Ejecutivo respecto del futuro del nuevo estado de excepción, y a que en la UDI la idea de retirarlo gana terreno, el ministro Martín Arrau insistió en que la nueva figura constitucional es la única forma de cumplir la promesa de intervenir los barrios tomados por el crimen organizado.
El cálculo en sectores de la UDI y RN, según pudo reconstruir EL DÍNAMO, es que la discusión en torno al Estado de Excepción solo acarrea costos políticos para el Gobierno: no cuenta con los votos, abre el flanco de un “gobierno iliberal” y mantiene estancada no solo la reforma constitucional, sino el resto de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT).
Ese convencimiento se ha extendido con el correr de los días. Si en un principio la apuesta de Chile Vamos fue “salvar” la norma con la indicación anunciada por los senadores Andrés Longton y Arturo Squella, hoy la postura del sector se endureció al punto de que el propio Longton cambió de opinión y se sumó a la posición de su bancada RN.
“Yo no estoy de acuerdo con el nuevo Estado de Excepción. Creo que hay que salvar la reforma, esto es un llamado al realismo legislativo”, planteó hoy la senadora Núñez en conversación con radio 13C. Consultada sobre si el Ejecutivo debe pronunciarse pronto, fue tajante: “Inmediatamente, o sea, ojalá que sea hoy día o mañana”, sostuvo la cabeza de la testera de la Cámara Alta.
En la UDI la posición no es muy diferente. La diputada Constanza Hube (UDI), interlocutora de su partido con el Ejecutivo, planteó en entrevista con EL DÍNAMO que “yo, en principio, no lo mantendría”, refiriéndose al nuevo estado de excepción, aunque abrió la puerta a explorar “un estado transitorio”.
La alternativa que ha ganado terreno es reformar el estado de emergencia ya consagrado en la Constitución, incorporando causales como amenazas a la seguridad pública o de carácter terrorista.
De prosperar esa fórmula, el Ejecutivo ganaría facultades adicionales para decretar la medida por zonas —lo que en la discusión interna se ha descrito como intervención por “polígonos” o barrios—, pero quedarían fuera los puntos más resistidos del proyecto original: la extensión del período de vigencia y atribuciones hoy reservadas al estado de asamblea, como la interceptación de comunicaciones y la requisición de bienes.
El ministro Arrau, sin embargo, se ha resistido a dar señales de que el Gobierno dará marcha atrás en el estado de excepción que contiene la reforma. Hoy, de hecho, aseguró que “todos coinciden en que se necesita un estado de excepción constitucional local para hacerse cargo de barrios donde opera el crimen organizado”.
Oficialismo pierde entusiasmo con la reforma
Detrás de la discusión puntual sobre el estado de excepción hay un desgaste mayor en torno a la reforma. En el oficialismo se pide al Ejecutivo reconsiderar qué debe entrar finalmente en el articulado que se vote en el Senado.
Hoy, ni siquiera la inhabilitación de derechos sociales —otro punto polémico— cuenta con respaldo cerrado, ya que existe consenso transversal en que se trata de una materia de ley y no de rango constitucional.
Hube fue explícita al respecto: “Uno no puede pensar que, porque el Tribunal podría fallar en contra, hay que modificar la Constitución en materias que son legales (…) no se puede constitucionalizar ad hoc”, dijo, en referencia al argumento del Gobierno de blindarse ante un eventual golpe del Tribunal Constitucional.
Esa distancia no equivale, aclaran en el oficialismo, a un llamado a retirar todo el proyecto, como lo han planteado algunas voces del sector.
El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, defendió este miércoles mantener la reforma en el Congreso, aunque reconoció fallas en su diseño: “Cuando llevas nueve días recibiendo fuego de todas partes, es porque algo se podría haber hecho mejor”, admitió en el programa Me enteré por la prensa, de Canal 13.
Sin embargo, Ramírez enfatizó en que retirar el proyecto completo “se podría interpretar como una renuncia”.
Gobierno se resiste a soltar la reforma en sus términos
Mientras tanto, La Moneda ha transmitido a sus parlamentarios que mantendrá la reforma en los términos en que fue diseñada, aunque no en todos sus aspectos.
Arrau aseguró que ni la duración de la medida ni la interceptación de telecomunicaciones son “línea roja” y que su cartera está “totalmente disponible, incluso si es necesario, a dejarlo similar a los que existen hoy día, no es problema”.
Adelantó además que la próxima semana bajará el nivel de urgencia del proyecto, con la expectativa de tenerlo tramitado “a fin de año”.
Lo que no está dispuesto a ceder el ministro es la existencia misma de una nueva figura constitucional.
Aunque en campaña Kast no comprometió explícitamente una reforma a la Carta Fundamental, sí prometió intervención en los barrios más golpeados por el crimen organizado, y a juicio de Arrau esa promesa sólo es realizable con una herramienta constitucional nueva.
Hasta ahora, esa fórmula cuenta únicamente con el respaldo pleno de Republicanos, partido que comparte las ideas matrices del proyecto tal como fue presentado.
