Una ola de cuestionamientos ha desatado una norma establecida en el reglamento de la Ley de Seguridad Municipal, la cual fijaría por decreto una causal para destituir alcaldes.
En este marco, son varias las autoridades comunales que han presentado reparos y han emplazado al Gobierno a corregirla.
El artículo 8 del reglamento que el Ejecutivo ingresó a Contraloría especifica que “le corresponderá a la municipalidad, previo a proceder a la designación del director de seguridad pública o del nombramiento de los inspectores de seguridad municipal, verificar los requisitos” para su designación.
En caso de que esto no se lleve a cabo, la disposición indica: “La infracción a lo dispuesto en el presente artículo dará lugar a una sanción administrativa, de conformidad con lo establecido en la ley N° 18.883, pudiendo configurar, en el caso del respectivo alcalde, la causal de cese del cargo dispuesta en el literal c) del inciso primero del artículo 60 de la ley N° 18.695″.
La presión de alcaldes contra el Gobierno por reglamento de Seguridad Municipal
Frente a esto, el alcalde de Lo Barnechea y presidente de la Asociación de Municipalidades para la Seguridad de la Zona Oriente (AMSZO), Felipe Alessandri (RN), manifestó su preocupación y aseveró: “No corresponde que un reglamento avance sobre una materia tan delicada como la eventual destitución de una autoridad elegida democráticamente. Las causales de cesación de un alcalde deben estar claramente definidas en la ley y no pueden ampliarse ni configurarse por medio de un decreto”.
Por ello, realizó un llamado al Ejecutivo a que corrija la norma, señalando que “aquí nadie está pidiendo impunidad ni pretende eludir responsabilidades. Los alcaldes debemos cumplir la ley y responder por nuestras decisiones, pero las reglas tienen que ser claras, proporcionales y respetar la Constitución. Espero que la Contraloría revise este artículo con especial rigurosidad y que el Gobierno tenga la disposición de corregirlo. Apoyar al Gobierno también significa decirle con franqueza cuando algo está mal”.
La alcaldesa de Quinta Normal y vicepresidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades (AMUCH), Karina Delfino (PS), sostuvo que “el Gobierno comete un error gravísimo. Pretende vía reglamento, tomar atribuciones que no corresponden. Eso es inconstitucionalidad pura. Es sorprendente, amenazante y no tiene nada que ver con la necesidad de fortalecer a los municipios en su rol preventivo, que era la idea matriz de la Ley de Seguridad Municipal”.
El alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic (FA), por medio de sus redes sociales, aseveró que “la Ley de Seguridad Municipal tiene por objetivo fortalecer el rol de los municipios en materia de seguridad, y no amenazar con quitarles autonomía”.
“Por supuesto que se nos debe exigir responsabilidad en esta materia, y sancionar debidamente cuando eso se incumpla. Pero preocupa que un reglamento vincule una falla administrativa con la posible destitución de un alcalde electo democráticamente. Y más aún enterarnos de esto por la prensa, sin ningún tipo de trabajo previo con alcaldes”, añadió.
También manifestó su rechazo el alcalde de Santiago, Mario Desbordes (IND), quien en diálogo con 24 Horas comentó que “es absolutamente inconstitucional que esto esté un reglamento, primer punto, como abogado. Segundo, no siendo yo constitucionalista, comparto 100% que no puede estar en un reglamento. Ese tipo de medidas deben estar en una norma y de ese estándar de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, creo que hay un error del Gobierno en dónde lo plantea”.
Siguiendo en esa línea, afirmó que “por supuesto que abre un flanco con los alcaldes, que hay molestia, porque, ¿cuáles son las causales de de cesación de funciones de los parlamentarios, de los ministros, de otras autoridades?, casi cero. Constantemente se agregan contra los alcaldes, yo hago mi trabajo, no tengo problema que me fiscalicen”.
“Se tiene que corregir eso, evidentemente, conociendo el estándar que tiene la Contraloría, que es un alto estándar hoy día, es bien probable que eso sea rechazado. Y y es complejo cuando la Contraloría te dice, oiga, ¿cómo se le ocurre plantearme esto?, no hay que ser constitucionalista para saber como abogado que esta norma no puede estar en un reglamento“, sentenció el jefe comunal.
