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Corte de Santiago ordena reserva de correos electrónicos de Miguel Crispi tras su paso por La Moneda

El caso se originó cuando el periodista Joaquín Labbé Salazar, quien en ese entonces se desempeñaba en TVN y en la actualidad es jefe de prensa de la Subsecretaría del Delito, solicitó los mails de Miguel Crispi desde el 9 de septiembre de 2022.

AGENCIA UNO

La Corte de Apelaciones de Santiago acogió el reclamo de ilegalidad interpuesto por Presidencia y dejó sin efecto la resolución, adoptada por el Consejo para la Transparencia (CPLT), que había ordenó la entrega de los correos electrónicos del jefe de asesores del Segundo Piso durante el Gobierno de Gabriel Boric, Miguel Crispi.

En fallo unánime, se estableció que las comunicaciones solicitadas por Ley de Transparencia están sujetas a causal de reserva o secreto, y que su eventual entrega vulneraría la garantía de inviolabilidad de las comunicaciones privadas.

“Que los correos electrónicos se encuentran comprendidos en la garantía de inviolabilidad de toda forma de comunicación privada consagrada en el artículo 19 N°5 de la Constitución Política de la República. Su carácter de comunicación privada deriva de la existencia de emisores y destinatarios determinados, de un canal de transmisión cerrado y de una expectativa razonable de reserva respecto de su contenido, sin que la utilización de infraestructura tecnológica estatal altere necesariamente esa naturaleza”, sostiene el fallo.

En esta línea, el tribunal de alzada recalcó que “la titularidad de un cargo o la prestación de servicios para un órgano de la Administración no importan una renuncia general a los derechos a la vida privada y a la inviolabilidad de las comunicaciones”.

El caso se originó cuando el periodista Joaquín Labbé Salazar, quien en ese entonces se desempeñaba en TVN y en la actualidad es jefe de prensa de la Subsecretaría del Delito, solicitó los mails de Miguel Crispi desde el 9 de septiembre de 2022.

En vista que Presidencia rechazó su pedido, el ahora funcionario del Gobierno de José Antonio Kast recurrió al Consejo para la Transparencia (CPLT), que instó a entregar los correos, previa reserva de información personal y de carácter sensible, ya que determinó que los correos institucionales son información pública.

Ante esto, Presidencia presentó un reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones para dejar sin efecto el actuar el CPLT, lo que finalmente fue acogido.

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