El Gobierno llega a la Cámara de Diputados con la tarea de reconstruir, artículo por artículo, el financiamiento de la Sala Cuna Universal que el Senado le rechazó la semana pasada por falta de quórum.
El tropiezo, que un micrófono abierto captó como “qué desastre, hueón” en la voz del ministro del Trabajo, Tomás Rau, puso además bajo la lupa el conteo de votos que debía asegurar la Segpres, a cargo del ministro José García Ruminot.
El proyecto, que busca ampliar el derecho a sala cuna a todas las trabajadoras, trabajadores e independientes mediante un fondo solidario, fue aprobado en general y en particular por el Senado. Pero el artículo que definía cómo se pagaría —una cotización adicional de 0,35% de cargo del empleador— no alcanzó el quórum calificado exigido: obtuvo 25 votos, a uno del mínimo de 26, según consignaron distintos medios.
Sin ese artículo, el fondo quedó creado en la ley, pero sin una fuente de recursos que lo sostenga, un vacío que ahora deberá resolver la Cámara en su segundo trámite.
La fórmula que cayó había sido diseñada con el respaldo técnico de Hacienda —la Dirección de Presupuestos analizó su impacto en los costos laborales— y fue defendida públicamente por Tomás Rau como un esquema de “costo cero”.
La fórmula que plantea el Gobierno consiste en una nueva cotización que se compensaría íntegramente con una rebaja equivalente en el Seguro de Cesantía, 0,2 puntos en las cuentas individuales y 0,15 en el Fondo Solidario.
El diseño original ya contemplaba, además, una diferenciación de los aportes según la región, un mecanismo que cayó junto con el resto del artículo y que ahora reaparece como una de las demandas centrales para la discusión en la Cámara.
El momento más comentado de la jornada en el Senado no fue, sin embargo, una votación de fondo, sino un descuido. Tras la aprobación de una indicación de la senadora Yasna Provoste (DC) que establece que el titular del derecho a sala cuna es el niño y no el trabajador, el micrófono de Rau quedó abierto y se le escuchó decir, molesto, “qué desastre, hueón”.
Las miradas por la derrota, en todo caso, apuntaron más allá del incidente. La responsabilidad también recayó en la Segpres, que lidera José García Ruminot (RN), a la que se le atribuyó no haber contabilizado adecuadamente los votos del sector ni las ausencias de última hora entre los senadores oficialistas y aliados.
De hecho, en medio de la votación, la mesa se dio por notificada del permiso constitucional del senador Keitel (Evópoli). Si la Segpres hubiese estado prevenida de dicha situación, habría logrado rebajar el quórum a 25 votos y hacer valer su mayoría en la Cámara Alta,
El resultado dejó al Ejecutivo con la obligación de reponer el mecanismo de financiamiento en la Cámara, esta vez con un margen de error menor.
Para lograrlo, el Gobierno necesita primero ordenar a su propio sector que no siempre ha estado alineada en el financiamiento de gasto social, como quedó de manifiesto en otras reformas de la actual legislatura.
A la vez, deberá lidiar con una oposición donde sectores del Frente Amplio y el Partido Socialista celebraron en el Senado el rechazo a la fórmula por considerar que afectaba al Seguro de Cesantía, una crítica que es esperable que se repita en la Cámara.
PDG vuelve a ser a llave
En ese escenario, la bancada del Partido de la Gente, con 13 diputados y un rol que en los últimos meses se ha vuelto cada vez más dirimente en las votaciones de la Cámara, aparece como una pieza para el Ejecutivo.
Consultado por EL DÍNAMO, el jefe de bancada del PDG, Juan Marcelo Valenzuela, sostiene que “la Sala Cuna Universal está dando un paso importante y para la bancada de la gente es una buena noticia porque fue una medida que impulsamos con fuerza dentro de la megarreforma. Ahora el desafío es que funcione de verdad y llegue a las familias que la necesitan”.
El diputado fue más específico sobre las condiciones de su bancada para respaldar el proyecto. “Lo más importante que debe resolver la Cámara es cómo se va a financiar. Creemos que la base tiene que estar en un fondo solidario con aportes de los empleadores, apoyo del Estado y sin cerrar la puerta a una participación acotada de los trabajadores si eso permite asegurar calidad y cobertura. Cualquier copago debe tener límites claros y considerar los ingresos de cada familia”, plantea.
El texto que llega a la Cámara contempla, en su artículo 3, que la diferencia entre el aporte del fondo y el valor cobrado por la sala cuna quede a cargo del propio trabajador, sin un tope definido, un punto que la senadora Provoste ya había cuestionado como un copago encubierto.
La condición que pone el PDG —limitar ese copago según el ingreso familiar— apunta directamente a corregir esa norma.
Valenzuela agregó un segundo frente de negociación apuntado al pronto ingreso de la Ley de Presupuestos. “Queremos impulsar que se aseguren los recursos necesarios para sostener este beneficio y avanzar en horarios de sala cuna JUNJI e Integra que sean compatibles con la jornada laboral de quien esté al cuidado del niño o niña. La universalidad tiene que funcionar también en la vida diaria de las familias”, acotó.
El reclamo sobre JUNJI e Integra no es exclusivo del PDG. Un grupo de economistas que ha respaldado la reforma —entre ellos el exministro de Hacienda Mario Marcel— advirtió previamente que el fondo, tal como está diseñado, sólo financia salas cuna privadas y deja fuera a la red pública, uno de los “nudos” que, a su juicio, debía corregirse antes de la votación.
El proyecto volverá a ponerse en tabla para su votación una vez concluida la pausa distrital que coincide con la semana de Fiestas Patrias, lo que deja al Gobierno un margen acotado para cerrar un nuevo esquema de financiamiento, recomponer la relación con sus propios sectores y negociar con la bancada PDG.
