Con los respaldos de Pedro Araya (PPD), Iván Flores (DC) y Karim Bianchi (IND), el oficialismo tiene —en teoría— los 29 votos que necesita la reforma constitucional de Seguridad sin la necesidad de acudir al resto del Socialismo Democrático. Ese cálculo es lo que tensiona al comité de senadores del sector.
El acuerdo, que se selló entre los senadores oficialistas Arturo Squella (Republicanos) y Andrés Longton (RN) y los parlamentarios de centroizquierda, tuvo como resultado que el Ejecutivo diera marcha atrás en la reforma original para abrir camino al proyecto de reforma ideado por los senadores, a quienes se sumó Fidel Espinoza, quien tiene su militancia socialista suspendida.
Los senadores de oposición celebraron el acuerdo al constatar que el Gobierno del Presidente Kast debió ceder en los dos principales objetivos que motivaron la presentación del proyecto: crear un nuevo estado de excepción de seguridad y otorgar facultades extraordinarias al jefe de Estado (desde requisar bienes hasta interceptar comunicaciones). Ambos aspectos fueron quitados en la reforma de seguridad 2.0.
Araya vs. Vodanovic
Aun así, el proyecto sigue generando reparos en la oposición. La principal detractora ha sido la presidenta del PS, Paulina Vodanovic, senadora que también integra la Comisión de Constitución y que ha rechazado la iniciativa de manera consistente.
Vodanovic no sólo rebatió el contenido del proyecto, sino que acusó falta de diálogo y de socialización. Indicó que no participó en la elaboración del texto y que fue marginada del diálogo.
Araya, con quien comparte la comisión, rechazó esa versión en entrevista con EL DÍNAMO señalando que Vodanovic participó en la reunión con el ministro de Justicia, Fernando Rabat, donde el Gobierno planteó que estaría dispuesto a retirar su reforma y que recibió el borrador a la misma hora que los demás integrantes.
“Ella estaba al tanto, recibiendo información al mismo tiempo que han ido recibiendo todos los senadores”, afirmó.
Más allá de la contraposición de versiones en torno a la confección del texto, el fondo de la tensión radica en la disputa entre Araya y Vodanovic sobre cómo influir en la agenda de seguridad: mientras la timonel del PS apuesta a capitalizar el paso en falso del Gobierno en la reforma, Araya reivindica que lo mejor para la oposición es volver al espíritu de los acuerdos.
Vodanovic ha logrado cuadrar detrás de su postura al comité de senadores del Socialismo Democrático que —a través de una declaración pública— aclaró que Araya no representa a la bancada en estas conversaciones, lo que aumenta la presión sobre los senadores de centroizquierda para que rechacen la reforma.
El principal argumento para seguir rechazando la idea de legislar es que el texto no produce cambios sustantivos al estado de emergencia y que las causales actuales bastan.
El senador Ricardo Celis, vicepresidente del PPD y subjefe del Comité Mixto PS-PPD-PL, comentó que “no ha sido fácil llegar a acuerdos con el gobierno en materia de seguridad”.
Y añadió que, aunque comparten la importancia de combatir el crimen organizado, el Ejecutivo “se ha negado sistemáticamente a controlar, por ejemplo, la ruta del dinero y sus posibles vías”.
El diputado PS José Antonio Rivas dijo a EL DÍNAMO que “el Gobierno insiste en dividir a la oposición buscando a quién responsabilizar por la falta de acuerdos” y que “la seguridad exige medidas eficaces y una discusión seria”.
Un nuevo quiebre en el Socialismo Democrático
Sin embargo, el proyecto ha ido ganando terreno en el Socialismo Democrático y la DC, lo que genera preocupación ante un eventual quiebre en el sector.
El antecedente es la megarreforma, cuando la bancada del PPD acordó con el Gobierno la invariabilidad tributaria y desató una fuerte disputa con sus aliados.
En el PS sostienen que aprobar la reforma sería solo un triunfo del Gobierno, pues ayudaría a maquillar el fracaso que significó para el Ejecutivo retirar su proyecto original.
De momento, según fuentes del PPD, el partido que dirige Raúl Soto optaría por dar libertad de acción en la votación para evitar roces en el comité de senadores. Lo mismo ocurre con la DC que, a pesar del respaldo de Flores, aún no fija postura como bancada, de acuerdo a lo que pudo confirmar este medio.
La iniciativa deberá discutirse en la Comisión de Constitución y luego pasar a Sala. La expectativa del Ejecutivo es lograr despacharla antes de fin de año con el resto de la agenda de seguridad.
