El 22 de septiembre, el Gobierno perdió por un voto en la Cámara la reforma migratoria, mientras que —a la misma fecha— la reforma constitucional de seguridad seguía entrampada en el Senado. Dos semanas después, el panorama es otro: hay acuerdo para presentar una versión renovada de la reforma de seguridad, se oficializó la insistencia en la migratoria y el proyecto de Reglas del Uso de la Fuerza (RUF) quedó listo para ser promulgado.
Los tres hitos descomprimen el tenso ambiente que se había generado por la falta de resultados de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), un paquete de 31 proyectos que el Gobierno se propuso despachar antes de fin de año.
Hasta ayer, el principal nudo de la agenda era la reforma de seguridad. Sin embargo, el acuerdo en el Senado, al que ya adhirieron senadores de oposición, logró destrabar la controversia en torno al proyecto original (ya retirado por el Ejecutivo).
Del error de diseño al acuerdo
La reforma constitucional de seguridad ingresó al Senado el 10 de agosto con suma urgencia. Su punto más polémico era el nuevo estado de excepción que el Presidente podía aplicar por hasta 240 días sin pronunciamiento del Congreso.
La disposición concentró los reparos de la oposición y de sectores del oficialismo: la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), advirtió que con ese estado de excepción la reforma no tendría apoyo ni siquiera para aprobarse en general, mientras que los presidentes de los partidos oficialistas plantearon a La Moneda un error de diseño inicial y falta de trabajo prelegislativo.
El Presidente Kast defendió en un comienzo la figura que, según dijo, “no es renunciable”.
Un mes más tarde, La Moneda debió recular y finalmente la reforma fracasó en su idea original.
El 31 de agosto el Gobierno bajó la urgencia a simple para ampliar el espacio de negociación, y a comienzos de septiembre el senador Pedro Araya (PPD), presidente de la Comisión de Constitución, comenzó a delinear junto a sus pares Andrés Longton (RN) y Arturo Squella (Republicanos) la propuesta que terminó por ingresarse ayer en la Cámara Alta.
En La Moneda reconocen que la reforma original fue un “error no forzado”, ya que abrió un flanco en el oficialismo y retrasó varias semanas el avance de la discusión en el Senado en torno a la agenda de seguridad. Pero con el acuerdo ya firmado existe tranquilidad en el Ejecutivo de que el resto de la agenda avanzará con mucha más celeridad.
El revés migratorio y la carrera por los 29 votos
El otro golpe a la agenda de seguridad llegó en la Cámara de Diputados. La reforma constitucional que buscaba ampliar de cinco a 30 días el plazo de detención de extranjeros con orden de expulsión, con revisión judicial al término del período, fue rechazado por un voto en una tensa sesión.
Si bien el proyecto obtuvo 88 respaldos, incluyendo votos de la oposición, el número requerido para la aprobación eran 89. En la votación pesaron los permisos de dos diputados republicanos que viajaban con la comitiva presidencial en Estados Unidos, que no fueron tramitados correctamente, y el cambio de opinión de diputados de oposición que se retiraron de la sala para no votar.
El episodio trajo críticas al ministro Secretario General de la Presidencia, José García Ruminot, que surgieron desde parlamentarios, ya que el rechazo significa —en la mayoría de los casos— la imposibilidad de volver a discutir el proyecto en un año.
Sin embargo, el Gobierno optó por la insistencia presidencial en el Senado.
A fines de septiembre, la presidenta del Senado, Paulina Núñez definió que se necesitan 29 votos (cuatro séptimos) y no los 33 (dos tercios) que se barajaban. Si la insistencia prospera, el proyecto volverá a la Cámara de Diputados.
Ayer se oficializó la insistencia y el esfuerzo de La Moneda en estos días estará puesto en lograr los 29 votos.
Si bien Karim Bianchi, presidente de la comisión de Seguridad, descartó que el acuerdo en la reforma de seguridad sea extensible a otras iniciativas, el Gobierno ve a los mismos senadores para reunir la mayoría necesaria: Bianchi, Pedro Araya (PPD) e Iván Flores (DC).
Arrau se anota triunfo con despacho de las RUF
El tercer hito de esta semana para el Gobierno fue el despacho de las Reglas del Uso de la Fuerza, proyecto que llevaba tres años de tramitación y se destrabó en la Comisión Mixta presidida por Bianchi.
El informe establece que el uso de la fuerza se regirá por criterios de gradación, necesidad, proporcionalidad y diferenciación, y que la fuerza potencialmente letal procede solo cuando las etapas previas son insuficientes.
Arrau, quien días antes había llamado a aprobarlo en el último trámite y pidió que las nuevas reglas representaran para las policías un respaldo comparable al de la ley Naín-Retamal, celebró la aprobación del proyecto, que quedó listo para ser promulgado.
“Deberíamos ver que los funcionarios actúan con mayor seguridad, pero no es que vayamos a ver un cambio de técnicas o armamentos muy relevantes, sino que va a estar en la actitud, en la certeza que le entregamos a los funcionarios al momento en el que, como ciudadanía, los mandamos a cumplir el deber de imponer el orden público”, sostuvo el ministro.
Con estos avances, se ha vuelto a tener la expectativa de llegar a la meta de despachar la treintena de proyectos de la ACOT antes de finales de año, algo que se había puesto en duda semanas atrás ante el retraso de proyectos clave.
