Franco Parisi, líder del Partido de la Gente (PDG), se sumó a las voces de todo el espectro político, desde la UDI a la oposición, que piden al presidente José Antonio Kast a remover a Fernando Rabat del Ministerio de Justicia, tras la polémica de rebaja de condena a violadores de niños.
La postura expresada por Parisi se contrapone a lo realizado por la timonel del PDG, Denisse Catalán, que fue parte de la reunión con el oficialismo, junto a los libertarios, citada por Kast para intentar desactivar la crisis por la liberación de los abusadores.
Además, la hermana del otrora candidato presidencial, la diputada Zandra Parisi, estuvo en el encuentro convocado por el propio Rabat para analizar la creación de un proyecto de ley para no permitir nuevas rebajas para condenados por este tipo de delitos.
Sin embargo, a la luz de los nuevos antecedentes surgidos sobre los pederastas beneficiados con la rebaja de condena –alto riesgo de reincidencia y falta de conciencia sobre los delitos cometidos- Franco Parisi evidencia una voz que ya comienza a tomar fuerza al interior del PDG: pedir la salida de Fernando Rabat.
En declaraciones entregadas a The Clinic, Parisi sostuvo que “cada vez se complica más la situación del ministro. Los nuevos antecedentes son lapidarios y difíciles de justificar“.
El ex candidato presidencial expresó sus críticas por la ceremonia realizada por Kast para anunciar su respaldo a Fernando Rabat, calificándolo como una “puesta en escena bastante rara”.
“Pamela Jiles (una de las defensoras de Rabat al interior del PDG) es una tremenda diputada que tiene un olfato político extraordinario, pero creo que ahora está muy complicado el ministro Rabat. Si el presidente no lo saca o Rabat no renuncia, será otro problema que tendrá acumulado Kast”, dejó ver Franco Parisi.
Consultado sobre si los diputados del PDG apoyarán una eventual acusación constitucional en contra del ministro de Justicia, Parisi expresó que “nunca es bueno revelar el voto hasta el último momento. Es lo mejor para el PDG en el caso de una acusación constitucional“.
