“Lealtad”. Ese concepto eligió La Moneda para contener los descuelgues del oficialismo ante la acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, que la oposición presentará esta semana.
Mientras el Presidente José Antonio Kast realiza una gira por Europa, la crisis en torno a Rabat sigue tal cual terminó la semana pasada. Ni la salida del subsecretario de Justicia, Luis Silva, ni la mesa de trabajo anunciada por el mismo ministro han logrado aplacar las críticas internas provocadas por la actuación del Ministerio en la firma de decretos que permitieron la rebaja de penas de 56 condenados por delitos sexuales contra menores.
Silva fue removido el viernes tras publicar, sin informar al ministro, un video en que explicaba su participación en la firma de los decretos. Sin embargo, el Gobierno descartó que al militante republicaro se le estuviese asignando el costo político de los decretos. Y con la decisión ya tomada del Presidente Kast de no remover a su ministro de Justicia, el desenlace inevitable es que el futuro de Rabat se resolverá en la AC, cuyo ingreso está previsto para este martes 3 de noviembre y cuya votación se proyecta para la segunda quincena del mes.
Con eso a la vista, La Moneda ya definió su estrategia para contener los descuelgues oficialistas: apelar a la lealtad al Gobierno.
El mensaje ha sido transmitido por el mismo mandatario a los ministros del comité político que, a su vez, se encargaron de dejar en claro a los presidentes de partido y líderes del oficialismo en el Congreso que Kast espera un respaldo cerrado al ministro a la hora de que se vote el libelo.
A la salida de la reunión del comité político ampliado de este lunes, el senador y vicepresidente de la Cámara Alta, Iván Moreira (UDI), reconoció que hubo un llamado “al oficialismo a entender que somos parte de un Gobierno y que es en los momentos difíciles cuando se demuestra la lealtad”.
En esa línea, el senador sostuvo que “las críticas deben ser en privado”, aunque reconoció que “estamos viviendo de verdad momentos muy difíciles, estamos en el suelo y las encuestas están demostrando esto, pero aquí no se trata de gobernar para las encuestas”.
La frase Moreira hace referencia al magro panorama que muestran los sondeos de opinión para el Gobierno. Según Criteria, la aprobación del Presidente llegó a 25%, su nivel más bajo desde marzo, y un 72% de los encuestados se manifestó en contra de que Rabat continúe en el cargo. Cadem, en tanto, Kast cayó al 26% de aprobación y la desaprobación se elevó al 69%, también siendo su peor medición desde que asumió el 11 de marzo.
El vocero de Gobierno, Gonzalo Arenas, también apeló a la lealtad oficialista ante el inminente ingreso del libelo.
Si bien el subsecretario incurrió en una inexactitud al decir “desde 1990 no hay ningún parlamentario de gobierno que haya votado a favor de una acusación constitucional contra su propio gobierno” —parlamentarios de centroizquierda votaron a favor de la AC contra el exministro de Energía Diego Pardow (FA) en el gobierno anterior—, lo central de su mensaje estuvo puesto en que el oficialismo debe actuar lealmente a la Constitución. Y a ojos de La Moneda, Rabat no incurrió en ninguna ilegalidad.
“Aquí no le estamos pidiendo lealtad a un gobierno o a una decisión política, lo que estamos pidiendo es lealtad a la Constitución que todos los parlamentarios juraron o prometieron cumplir y hacer respetar”, sostuvo.
El problema para el Gobierno y los partidos es que buena parte de los descolgados no proviene de la estructura partidista, sino que son independientes asociados a una bancada. Tal es el caso de los diputados Hotuiti Teao, Marlene Pérez o Macarena Santelices, todos sin militancia pero que integran la bancada UDI. Teao llegó a decir que, si hoy hubiera una AC, la votaría a favor, aunque precisó que las acusaciones se votan por capítulos y que primero hay que revisarlos.
Dichos parlamentarios no pueden ser expulsados de la bancada, ya que no existe un mecanismo de destitución de los comités parlamentarios. Tampoco pueden ser sancionados por los partidos, ya que no están afiliados institucionalmente. A la vez, ese tipo de parlamentarios cuentan con un menor respaldo a la hora de ir a la reelección, por lo que tienden a responder directamente al electorado en desmedro de los partidos.
En ese sentido, un comentario que se repite es que los parlamentarios y el oficialismo también están pagando el costo de una crisis que Kast se ha negado a cortar de raíz con la salida de Rabat.
Republicanos, en tanto, también viró de estrategia: de desempolvar el “derechita cobarde” al apelar a la unión y lealtad del sector.
El diputado Agustín Romero (REP) ahondó en las diferencias que hubo entre su sector y Chile Vamos, señalando esperar que todos los votos del oficialismo estén alineados con Rabat.
“Yo parto de la base que el Presidente cuenta con 76 votos en la Cámara de Diputados, los 76 votos que se sacan fotos con él y les piden que les mande saludos a la junta de vecinos de la que son parte, esa gente va a estar con el Presidente de la República”, aseguró.
En esa línea, sostuvo que “yo no me pongo ni siquiera en el escenario de que hayan votos de nuestro propio grupo, que participamos de un mismo Gobierno, que están a favor de sacar a un ministro por una causal que no existe”.
