El miércoles, en plena discusión del Presupuesto 2027, el senador Pedro Araya (PPD) tomó la palabra en la Sala del Senado para leer una carta que la senadora Ximena Órdenes había enviado desde Asia al secretario general, Luis Rojas. Allí afirmaba que no había retirado su solicitud de permiso constitucional, que no había “suscrito ni remitido documento alguno en ese sentido” y que tampoco había autorizado a nadie a usar su firma con ese propósito.
Tras la lectura, el senador Rodolfo Carter (ind.-Republicano) pidió la palabra. Dijo que lo ocurrido era “constitutivo de delito”, solicitó al secretario que certificara el hecho y remitiera los antecedentes al Ministerio Público, y advirtió que “esto no puede pasar desapercibido”.
Sin hacer mucho caso a la gravedad del asunto, Juan Luis Castro (PS), jefe del comité del Socialismo Democrático, respondió con ironía: le dijo a sus colegas estaban “un poco nerviosos” y que el tema reglamentario “se resolvió ayer por la noche” en conformidad con la propia interesada.
Sin embargo, la controversia terminó igualmente en manos de la Fiscalía, tal como lo advirtió Carter.
La polémica nace de una decisión que Castro adoptó el martes 17, mientras el Senado votaba el Presupuesto. El jefe del comité, que agrupa a los senadores del PS, el PPD y el Partido Liberal, informó en la Sala que retiraba los permisos constitucionales de Órdenes y del senador Fidel Espinoza (PS), ambos integrantes de la comitiva del Presidente José Antonio Kast en su gira por Asia. El propósito era subir el quórum y dificultar la aprobación de la autorización de endeudamiento del Gobierno.
La diferencia no era menor. Las normas de quórum calificado requerían inicialmente 26 votos y, con los permisos de los ausentes registrados, el umbral bajaba a 23. Sin embargo, los permisos fueron restituidos el miércoles por la mañana y ese mismo día el Senado repuso el artículo de endeudamiento por 31 votos a favor y 10 en contra.
La gravedad del asunto no fue ponderada de inmediato por Castro, quien en conversación con La Segunda habló de “hechos circunstanciales en el marco del debate político”.
La opinión en el Senado es otra. Los permisos constitucionales no solo sirven para rebajar el quórum por ausencias justificadas; también resguardan a los parlamentarios que viajan. El artículo 60 de la Constitución establece que cesa en el cargo el senador o diputado que se ausente del país por más de 30 días sin permiso de su cámara. Un accidente o un imprevisto que retenga a un senador en el extranjero podría configurar esa causal, y el permiso lo protege en esos casos. De ahí la molestia de Órdenes.
El caso tomó ribetes judiciales cuando la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), confirmó que el documento llegó a la Mesa con la firma de Órdenes, “al parecer sin la anuencia de ella”, y reconoció que para retirar un permiso se requiere la autorización del parlamentario.
El reglamento, además, exige que los permisos se cursen por escrito con las firmas de los senadores, trámite que en algunos casos puede ser mediado por los jefes de comité. Si Órdenes no sabía del retiro, falta establecer cómo se obtuvo su firma.
La misma noche que se supo de la firma, la Fiscalía Regional de Valparaíso abrió una investigación de oficio, y este jueves, la Fundación Fuerza Ciudadana presentó en el Juzgado de Garantía de Valparaíso una querella contra Castro, por su eventual participación en la gestión del documento, y contra “todos quienes resulten responsables”. Además pidió diligencias a la PDI y que se evalúe su desafuero si corresponde.
En el comité, con todo, se ha tratado de bajar el perfil y contener lo que se califica en la interna de la Cámara Alta como un escándalo por la gravedad que implicaría la falsificación de una firma por parte de un senador.
Espinoza salió a respaldar a su jefe de bancada: aunque el miércoles había confirmado a La Tercera que el retiro se hizo sin su consentimiento, y lo describió como un impasse “que podía haberse evitado”, este jueves afirmó que “a mí nadie me falsificó la firma” y que una desprolijidad administrativa no es un delito.
Un planteamiento similar tuvo el presidente de la Comisión de Constitución, Vlado Mirosevic (PL), quien calificó el caso como “un asunto político y administrativo, no judicial” y descartó que Castro deba dar un paso al costado como jefe de comité: “No, en ningún caso”.
Desde el PPD el tono fue distinto. Su presidente, el diputado Raúl Soto, dijo que Órdenes “ha sido víctima de una acción cuestionable”.
En el comité saben que escalar la polémica no solo afecta a Castro, sino a la imagen del bloque, en un momento en que la oposición presiona al Gobierno por varios frentes. Hasta el cierre de esta edición, descartaban una eventual renuncia a la jefatura.
El polémico estilo de Castro
No es el primer episodio que pone a prueba la conducción de Castro, y el más reciente involucra al mismo senador que leyó la carta de Órdenes y al mismo partido.
El 19 de octubre, Castro y el subjefe del comité, Ricardo Celis (PPD), entregaron al secretario del Senado un documento manuscrito para remover a Araya de la presidencia de la Comisión de Constitución y reemplazarlo por Mirosevic.
La decisión se había tomado el domingo anterior en una reunión por Zoom de la bancada del PS, tras los acercamientos de Araya con el Gobierno en la reforma de seguridad.
Araya habló de “socialismo autoritario” y de una decisión tomada “a mis espaldas”; Castro justificó la operación contra el senador PPD aludiendo a que el comité “no es una montonera donde cada uno hace lo que quiere”.
Al igual que en esta ocasión con Ordenes, quien pagó los platos rotos fue el PPD que acusó una intromisión en sus decisiones internas y algunos dirigentes sugirieron que la salida de Castro de la jefatura ayudaría a recomponer la relación.
Antes, en julio, otra disputa interna lo dejó en una posición incómoda frente a la senadora Daniella Cicardini.
En plena negociación de la megarreforma, Cicardini acusó en un video a la presidenta del PS, Paulina Vodanovic, y a Castro de “negociar” con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, la invariabilidad tributaria sin informar a las bancadas.
Dicho episodio significó un duro golpe para la dupla Castro-Vodanovic, que se ha afiatao desde que el senador por O`Higgins asumió la jefatura del comité unido. Ambos quedaron mal parados ante las bases del partido que en ese entonces estaba por rechazar de plano cualquier planteamiento del Gobierno.
La tensión interna tuvo su punto cúlmine en un tenso almuerzo del comité de senadores socialistas en que Cicardini se impuso logrando que que Vodanovic y Castro abandonaran la mesa de negociación del Ejecutivo.