Al respecto, el diputado por el PPD, Rodrigo González, principal impulsor del texto que crea la comisión, aseguró que además de investigar los protocolos, es necesario indagar respecto de "los recursos humanos y materiales empleados para el control y disolución de las manifestaciones".
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La iniciativa, explicó el parlamentario José Manuel Edwards, busca que a futuro "si una empresa quiera hacer un aporte en especies de firmas relacionadas, tenga que obligatoriamente pasar por todos los mecanismos de control".
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La nueva citación, que también incluye al ex titular del Interior, Edmundo Pérez Yoma, busca aclarar quién ejercía la autoridad el 27F. Pese a que aún no se define una fecha para las citaciones, los querellantes indican que el ex ministro será el primero en declarar en los próximos días.
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La Comisión disciplinaria de la Cámara Baja ya despachó la iniciativa, que contó con la participación de todas las bancadas, a principios de este año. La iniciativa, que aún debe ser aprobada en la sala de la Cámara, se frenó en la Comisión de Régimen Interno, por motivos de agenda.
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Con los diputados de la Unión Demócrata Independiente (UDI) desplegando un lienzo culminó la sesión especial que esta tarde realizó la Cámara Baja para analizar los resultados de la última encuesta CASEN, que arrojó una disminución de la pobreza en el país.
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La UDI ya tiene preparado un proyecto de acuerdo respectivo a través del cual embiste duramente contra la oposición, acusando una "histérica" reacción ante la noticia de la supuesta reducción de la pobreza.
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El titular de Hacienda, descartó que los cambios vayan a desdibujar el proyecto original que el mismo Ejecutivo envió al Congreso, pese a que no entregó sobre las modificaciones, trascendió que una indicación apunta a la creación de un fondo de reciclaje y créditos tributarios a las empresas que ya reciclan en el país.
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La instancia funcionará con un equipo de técnico entre el Ejecutivo y los respectivos asesores de los miembros de la comisión de educación. Gabriel Boric exigió participar y dijo que "el proyecto es tan malo que han tenido que retirar la urgencia y negociarlo por afuera del Senado para destrabarlo".
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El diputado Jorge Sabag explicó que "hay incompatibilidad porque yo pagué aranceles en la Universidad del Desarrollo y estos antecedentes (sobre el lucro) se llevaron a la Fiscalía, y pueden terminar en indemnizaciones a los estudiantes, por lo tanto yo soy parte interesada, por eso no quise influir en la votación".
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El dirigente aseguró que nunca La Moneda estuvo abierta al diálogo y desestimó las razones que tuvo el Ejecutivo para no aumentar el reajuste. "Vamos a seguir esta campaña y habrá movilizaciones y en todas las acciones que hagamos estará presente la lucha por el piso salarial de $250 mil".
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