Félix de Vicente,quien forma parte del Comité de Ministros que busca revertir el fallo judicial que cerró la puerta a la aprobación del proyecto termoeléctrico, dijo que "creemos que la energía en nuestro país es una necesidad de todos los chilenos
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La nominación de Chevesich no estuvo exenta de controversia por las críticas emanadas desde la oposición por haber apoyado la "irreprochable conducta anterior" de Manuel Contreras por el caso de los 3 miristas desaparecidos en 1974 en la población La Bandera.
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"Lamentablemente, vemos como una vez más los tribunales están haciendo la pega que deberían hacer las autoridades, vale decir, cautelar el bienestar y la calidad de vida de todos chilenos”, dijo el diputado PS.
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El tribunal de alzada ratificó el rechazo al sobreseimiento de Carmen Fernández, Patricio Rosende, Andrés Enríquez y Joaziel Jamett. La fiscal Solange Huerta estaba a la espera del dictamen para cerrar la investigación y presentar la acusación contra ellos.
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La firma deberá cancelar una indemnización por un total de $202 millones 100 mil a 63 vecinos del sector Casas Viejas de Maipú por los malos olores percibidos desde el 2003, cuando se construyó la instalación. Los pagos irán desde los $2.100.000 a los $4.000.000, según la valoración de daño moral provocado.
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La Corte de Apelaciones determinó que la municipalidad deberá cancelar un millón de pesos a los 28 propietarios de las viviendas construidas por Copeva en Puente Alto.
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El tribunal de alzada de Copiapó acogió el recurso de protección presentado por las comunidades diaguitas del valle Huasco, las que acusan que el proyecto afecta y contamina los recursos hídricos de la zona.
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Un estudio da cuenta que durante el presente año los recursos de protección presentados en la Justicia para evitar las alzas en los planes de salud del sistema privado llegarán a 140 mil.
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La decisión de la Corte de Apelaciones de Santiago, se adoptó con el voto en contra de la ministra González, quien fue partidaria de rechazar la solicitud de reposición.
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El documento, obtenido a través de la Ley de Transparencia, está firmado por Ricardo Toro, actual director nacional de la Onemi y es la apuesta de la defensa para acreditar que Jamett es inocente.
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