Calisto dijo que preveía lo ocurrido en el máximo tribunal, a pesar de lo cual se mostró confiado de que la investigación dejará en claro su inocencia en el caso.
Si es que se terminan confirmando los desafueros de todos los diputados investigados o acusados, se completaría un total de 8, el más numeroso de la Cámara desde 1990 a la fecha.
La defensa de Miguel Ángel Calisto tiene un plazo de cinco días para apelar ante la Corte Suprema: "Esperamos que el criterio sea distinto" dijo el parlamentario.
La Cámara de Diputados ha desembolsado más de $273 millones en el actual periodo legislativo por labores que no se realizan: $149 millones en asesores de parlamentarios inhabilitados y $124 millones en dietas a diputados desaforados que no pueden ejercer sus funciones. A esto se suman $8,9 millones en oficinas parlamentarias vacías y otros $17,5 millones que comenzarán a pagarse a la recientemente desaforada Catalina Pérez y su equipo, lo que ocurre sin fiscalización efectiva. Los recursos comprometidos, cabe precisar, provienen de las arcas fiscales financiadas a través de impuestos generales.
En el documento, sostuvieron que la Corte de Antofagasta "desvirtúa las acusaciones de la Fiscalía" y que su análisis de las imputaciones es "irracional".