A siete días del plazo constitucional para ingresar la Ley de Presupuesto 2027, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, enfrenta una ecuación con pocas variables. Según el criterio autoimpuesto, el gasto no puede crecer más de 1%, mientras que el decreto fiscal exige bajar el déficit estructural de 2,6% a 1,8% del PIB en un año. Y la inversión pública, que el Gobierno ahora quiere usar como motor del empleo, acumulaba a julio una caída de 23,5% respecto de 2025.
El escenario es distinto al que Hacienda tenía en mente hace apenas un mes.
Para entonces, el equipo de Quiroz ya había definido buena parte del mapa: qué carteras ajustar y qué materias priorizar, con la seguridad a la cabeza. Pero agosto trajo una seguidilla de malas noticias. El desempleo llegó a 9,5% en el trimestre mayo-julio, su mayor nivel en cinco años y el Banco Central anticipó que la economía crecerá menos de 1% este año. El IPC de agosto subió 0,6%, el doble de lo esperado por el mercado, con lo que la inflación a doce meses pasó de 3,5% a 4,1%.
La combinación obligó a pivotar. Desde el Chile Day en Madrid, Quiroz fijó la directriz del primer erario de la administración Kast: “Hacer más con lo mismo”, dijo.
Para la confección del Presupuesto, el mismo Presidente ha recibido a sus ministros en reuniones bilaterales con el fin de tratar los pormenores del proyecto y cómo este puede influir de manera positiva en el mercado laboral.
La fórmula que se ha ido asentando es la de un presupuesto selectivo: si el gasto total casi no puede crecer, los recursos adicionales para las carteras “reactivadoras” tienen que salir de otras partidas.
En esa lista figuran Obras Públicas como pieza central, además de Vivienda y parte de Salud. Entre los ministerios que deberán apretarse el cinturón aparecen Mujer, Cultura y Deportes, y semanas antes también se mencionaban Bienes Nacionales y Economía. La señal que busca instalar el Ejecutivo es que la tijera apuntará a programas con evaluaciones deficientes o duplicidades, y no a criterios ideológicos.
La apuesta por el MOP se da luego de que, a comienzos de septiembre, en el propio Ejecutivo se contemplaba que el presupuesto de esa cartera pudiera caer en 2027 en vista de su baja ejecución. Según la Dirección de Presupuestos (Dipres), a julio la inversión pública ejecutada en Obras Públicas llegaba a 44,7%, por debajo del 46,9% del año anterior.
Por eso, más que en el monto, Hacienda ha puesto el foco en la velocidad. Quiroz se autoimpuso llegar al 1 de enero de 2027 con “una ejecución muy cercana al 100%” en construcción y obras públicas.
Para lograrlo, el Ejecutivo busca acelerar el gasto en el último trimestre, adelantar licitaciones del próximo año, priorizar proyectos de rápida ejecución y pagar a tiempo a los proveedores del Estado. “Una de las formas más reactivadoras es pagar a tiempo”, sostuvo el ministro en Madrid.
Todo eso debe encajar en un marco fiscal estrecho. En junio Hacienda publicó el decreto de política fiscal con el que abandonó la promesa de campaña de llegar a un balance estructural cero en 2030. La nueva trayectoria parte en un déficit de 2,6% del PIB este año, frente al 3,1% de 2025. Luego sigue con 1,8% en 2027, 1,7% en 2028, 1,6% en 2029 y 1,5% en 2030. “El mayor esfuerzo de reducción se concentra al inicio del período”, explicó en su minuto Quiroz.
De ahí el techo de gasto. “Con la racionalización de gastos en curso, buscamos que el gasto crezca en una tasa inferior al Producto para generar un espacio donde rápidamente podamos converger a un equilibrio primario. Queremos que el gasto crezca entre 0 y 1% en el próximo presupuesto, no más”, dijo el ministro a El Mercurio en agosto. El propio Kast ratificó ese límite la semana pasada.
Pero el margen real es incluso menor. Según un estudio del CEP, el 83% del Presupuesto 2026 está comprometido en leyes permanentes.
Ministros en alerta por cumplir sus propias metas
Ese complejo y estrecho entramado fiscal choca —además— con las demandas de los propios ministros.
En marzo, Hacienda instruyó un recorte lineal de 3% del gasto de cada ministerio, más una rebaja focalizada adicional de US$1.000 millones.
No todas las carteras lo cumplieron. Un informe de Rumbo Colectivo, centro de estudios ligado al Frente Amplio, detectó que en Salud los ajustes anunciados por $435.314 millones terminaron convertidos en un alza de $298.021 millones.
El caso más complejo es Vivienda. En agosto, el ministro Iván Poduje pidió un alza de 23,9% para cumplir sus metas de reconstrucción y construcción de viviendas y sostener la generación de empleo. “Hacienda tiene que ver de dónde saca y de dónde recorta”, dijo entonces Poduje.
Según informó el Diario Financiero, la Dipres le ofreció un 1,7%, cifra que incluye los recursos de la Ley de Reconstrucción y, descontados esos fondos, dejaría al Minvu cerca de un -3%. Poduje pidió más recursos y trasladó la definición a La Moneda al considerar que se estaría pasando a llevar uno de los principales compromisos de Gobierno.
La controversia también está cruzada por el porcentaje de ejecución de los recursos, algo que Quiroz ha transparentado al gabinete. Poduje, por ejemplo, ha dicho que el Minvu lleva un 63% de ejecución presupuestaria, mientras los datos de Dipres muestran que su inversión avanzaba a julio un 33,6%, frente al 46,5% de 2025.
