Codelco inició una batalla judicial con la Contraloría General de la República, luego que presentara un recurso de amparo económico en la Corte de Apelaciones de Santiago, para así conseguir certeza jurídica respecto a “determinadas propias de su gestión empresarial que son objeto de revisión” por parte del organismo liderado por Dorothy Pérez.
En su presentación, la cuprífera recalcó que “esta acción no altera los múltiples mecanismos de control y rendición de cuentas a los que Codelco está sujeto, incluyendo auditorías internas y externas, la fiscalización de la propia Contraloría en el ámbito de sus competencias, la supervisión permanente de Cochilco y la regulación de la Comisión para el Mercado Financiero”.
La acción ante el tribunal de alzada responde a la decisión de la Contraloría de rechazar la toma de razón del decreto del Contrato Especial de Operación de Litio con Minera Ascotán, que mantiene una relación con Codelco a través de Quilborax.
Según respondió Contraloría, su postura en contra del decreto apunta a que Codelco no sometió a su control previo la creación de esta sociedad, lo cual fue descartado por la empresa estatal, ya que “se trata de una exigencia completamente extraña y ajena de carácter empresarial de Codelco”.
“Es una exigencia completamente inédita. Nunca en los más de 50 años de existencia de la Corporación, esta ha dictado actos administrativos y -menos- ha sometido sus actuaciones al control preventivo de toma de razón”, precisó en su recurso de amparo.
Es por esto que Codelco pide al Poder Judicial que aclare que sus actuaciones no pueden considerarse actos administrativos, por lo que están exentos de la toma de razón.
“Codelco confía en que estas materias puedan ser aclaradas institucionalmente, contribuyendo a dar certeza jurídica al funcionamiento eficiente de la empresa y al pleno resguardo de los mecanismos de control de su gestión”, cerró la empresa minera.
