A diferencia de años anteriores, la Cuenta Pública 2025 del presidente Gabriel Boric no abordó temas tributarios en profundidad, probablemente por el hecho que se trata de su último año en ejercicio. Sin embargo, el fantasma del fracaso de la reforma tributaria estructural de 2023, bloqueada en el Congreso, también debió tener injerencia en esta decisión. No obstante, el mensaje no carece de contenido fiscal, esbozando más bien una reforma tributaria silenciosa, pero efectiva, que se apoya en tres pilares fundamentales: cumplimiento, eficiencia y legitimidad. Resulta clave, en este sentido, analizar los conceptos tributarios que subyacen en la última cuenta pública del actual gobierno.
En primer lugar, el gobierno ha optado por fortalecer la llamada ley de cumplimiento tributario, es decir, una batería normativa destinada a combatir la evasión y elusión fiscal. El presidente fue tajante en este sentido, “quienes evaden el pago de impuestos hacen un daño tremendo a la sociedad y ahora deberán enfrentar el peso de la ley”. Esta narrativa, respaldada por el actuar del Servicio de Impuestos Internos y apoyada por datos concretos, se convierte en una herramienta con un doble propósito. Por una parte, genera mayor recaudación sin crear nuevos impuestos y, por otro lado, mejora la percepción de equidad del sistema tributario. En segundo lugar, al mencionar los avances en temas de seguridad social, se destaca la mejora en la PGU y la incorporación de un seguro universal de pensiones, los que son financiados por impuestos generales, incorporando legitimidad al sistema tributario nacional. En la misma línea, el Royalty Minero, que redistribuye ingresos desde la gran minería hacia las regiones y comunas productoras tiene el mismo efecto. Conceptualmente, esto es más que un tributo, puesto que se trata de un rediseño en la lógica fiscal centralizada en Chile al retornar parte de los recursos a las comunas donde se genera la actividad. En ese sentido, el impacto es doble: refuerza la equidad territorial y ancla políticamente los proyectos productivos bajo una lógica de nueva minería verde.
La combinación de estas medidas revela una postura fiscal estratégica: avanzar donde existe viabilidad política, sostener los logros de consolidación fiscal, y canalizar la presión redistributiva a través de instrumentos focalizados más que universales. En lenguaje técnico: una estrategia de optimización tributaria sin reforma estructural.
En síntesis, la Cuenta Pública 2025 no anuncia una nueva gran reforma tributaria, pero sí muestra que se ha hecho política fiscal efectiva desde la optimización legal y la gestión del cumplimiento. La gran pregunta es si este modelo será suficiente para responder a las demandas estructurales de un país con alta desigualdad y creciente presión sobre el gasto público. Por ahora, Boric opta por esta estrategia para la última milla de su gobierno y en esa línea, solo el futuro dirá si fue suficiente. En nuestra historia reciente, donde cada nuevo gobierno ha optado por reformas tributarias estructurales, veamos que hará el nuevo gobierno al respecto.
