En las últimas semanas, la Comisión para el Mercado Financiero de Chile (CMF) ha emitido múltiples alertas públicas sobre la proliferación de plataformas digitales que ofrecen supuestos créditos fáciles y rápidos, muchas veces bajo condiciones irreales o directamente fraudulentas. Tal como se detalla en sus comunicados recientes, estas entidades no reguladas captan personas con urgencias económicas, prometen préstamos inmediatos, y luego exigen pagos anticipados bajo distintos pretextos, sin que los créditos prometidos se materialicen jamás.
Si bien este fenómeno no es nuevo, ha ganado fuerza bajo una lógica preocupante: la ilusión del dinero fácil. En medio de un contexto económico marcado por la presión inflacionaria, el sobreendeudamiento de los hogares y una creciente precarización del empleo informal, muchas personas se sienten atrapadas en una necesidad financiera urgente. Es precisamente esa urgencia, y la falta de educación financiera estructural, lo que constituye el terreno fértil perfecto para que este tipo de esquemas prospere.
Lo que estas plataformas hacen no es para nada innovador. Es oportunismo puro, disfrazado de solución financiera. Usan la narrativa de inclusión crediticia, una necesidad real nuestro país, para legitimar sus ofertas, cuando en realidad construyen un modelo que explota la asimetría de información entre oferente y demandante. Esta asimetría es doble: por un lado, los usuarios desconocen la regulación vigente, y por otro, no tienen herramientas para distinguir una oferta legítima de un fraude estructurado.
Por tanto, la educación financiera, en este contexto, no es solo una herramienta técnica: es una defensa ciudadana. La población no necesita solo saber “cómo funciona un crédito”, sino comprender profundamente los riesgos asociados a decisiones financieras mal informadas. Esto debe incluir desde la comprensión de tasas de interés reales, hasta la identificación de señales de advertencia en plataformas digitales. Sin embargo, desde mi punto de vista, la responsabilidad no recae únicamente en los individuos. El Estado y sus organismos deben avanzar en aspectos tales como la regulación efectiva de plataformas digitales de servicios financieros, establecer sistemas de alerta temprana y difusión masiva de información y propender a una mayor transparencia de información por parte de los actores formales.
La alfabetización financiera no puede ser tratada como un lujo o un complemento curricular solo para las carreras de negocios. Debe ser vista como una política pública urgente. A pesar de los avances que se han visto en los últimos años, por ejemplo, por parte de la CMF, aún queda camino por recorrer, debiendo llegar a un escenario donde la transparencia, debería ser total. En síntesis, mientras persista la ilusión del dinero fácil, y la educación financiera sea vista como opcional, los fraudes seguirán floreciendo y con ellos, el daño estructural a la confianza en el sistema.
