El pasado 4 de marzo, en los últimos días del gobierno anterior, se presentó a tramitación el proyecto de ley –anunciado en múltiples oportunidades– que “Establece ajustes para la modernización de la educación superior y modifica la gobernanza de los centros de formación técnica estatales” (Boletín N° 18.104-04).
Pese a que la iniciativa es valorable en su propósito general, especialmente por su foco en la formación técnico-profesional, el proyecto queda al debe si se contrasta su ambicioso título –“modernización de la educación superior”– con una de las principales tensiones del sistema: la excesiva duración de las carreras. Este es un aspecto que debiera revisarse, sobre todo considerando los cuantiosos recursos que destinan el Estado y las familias a la educación superior, pero tutelando siempre la calidad, que en ningún caso puede ser descuidada.
Asimismo, el proyecto debió haber sido acompañado por un informe de la Dirección de Presupuestos, ya que implica el uso de recursos públicos, por ejemplo, al asignar nuevas atribuciones y contemplar dos nuevos comisionados para la Comisión Nacional de Acreditación. En particular, a este órgano autónomo se le encarga elaborar e implementar el Marco Nacional de Cualificaciones, lo que parece inapropiado considerando su rol como agencia encargada del aseguramiento de la calidad de la educación superior. Asignarle esta nueva responsabilidad podría desdibujar su misión principal y lo acercaría más a un servicio público encargado de la implementación de políticas públicas. Probablemente esta decisión se explica por la dificultad de crear nuevos órganos en la Administración del Estado debido a la situación de estrechez fiscal, pero ello no necesariamente justifica que esta sea la mejor solución.
Si bien el proyecto contiene otros aspectos que pueden ser valiosos, como la flexibilización de los requisitos para ingresar a la función pública –lo que en la práctica reconoce el rol de técnicos y profesionales en el desarrollo del país– y algunas normas para mejorar la gobernanza de los centros de formación técnica estatales y su coordinación, estos avances no parecen suficientes para justificar la tramitación del proyecto sin modificaciones sustantivas. De lo contrario, difícilmente podría considerarse una verdadera modernización académica de la educación superior.
