Hay una cifra que merece ser leída con la calma que exigen las cosas que indignan de verdad: 796.043. Ese es el número de raciones de alimentos que se debía entregar a escolares vulnerables de la Región de O’Higgins entre marzo y diciembre de 2022. Las que efectivamente llegaron a manos de esos niños fueron 284. Doscientas ochenta y cuatro, en circunstancias que el Estado pagó íntegramente por las casi ochocientas mil. El desembolso equivalió a cerca de doce millones y medio de pesos por cada ración efectivamente entregada.
Doce millones y medio de pesos por una taza de leche con sándwich. O por avena con leche, fruta y té, según describió la denuncia del director de Junaeb, Fernando Peña: onces adjudicadas a una sola empresa, sin ninguna prestación a cambio, que nunca se entregaron a los alumnos. El monto total involucrado en el engaño, que abarca el período completo entre 2022 y 2026, supera los catorce mil millones de pesos, de acuerdo con lo revelado por el Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal de la propia Junaeb.
Conviene detenerse en los protagonistas de esta historia, porque la abstracción de los números tiene el curioso efecto de hacer desaparecer a las personas. Los niños que no recibieron esa once no eran hijos de familias que pudieran compensar la ausencia del Estado con una merienda comprada en el supermercado del barrio. Eran escolares vulnerables, exactamente los que el Programa de Alimentación Escolar existe para alimentar, los que dependen de esa ración con una urgencia que sus familias no pueden sustituir. El fraude no fue contra el erario, o no solo contra él. Fue contra el estómago vacío de un niño que esperó una taza de leche que no llegó.
La respuesta de la exdirectora de la Junaeb Camila Rubio, ante la denuncia fue previsible en su arquitectura. Las acusaciones corresponderían a una licitación del año 2020 del gobierno de Sebastián Piñera, insistió, y el asunto fue investigado por Contraloría, que descartó irregularidades. Es el argumento de la herencia, el refugio favorito de quien no tiene otro. El problema es que los hechos ocurrieron entre 2022 y 2026, bajo una administración que celebró públicamente su sensibilidad social, su mirada hacia los más vulnerables, su determinación de construir un Estado que no dejara a nadie atrás. Si las licitaciones heredadas eran un desastre, la tarea era corregirlas, no administrarlas hasta que el fraude se consolidara en catorce mil millones.
Pero la once no fue el único alimento que faltó. Acordémonos, los útiles escolares tampoco llegaron. En 2024, el año escolar comenzó en marzo, pero la entrega de los implementos a los escolares recién comenzó el 26 de julio, con cinco meses de retraso. Para el 6 de septiembre de ese año, solo se había distribuido el 34% del total, faltando por entregar 1.425.852 kits en circunstancias de que se trataba de prestaciones recurrentes requeridas al inicio de cada año escolar. La causa, tan ridícula que cuesta creerla aunque está documentada por la Contraloría, fue que se declaró desierta la primera licitación porque el único oferente que cumplía los requisitos presentó lápices de colores con forma rectangular y no hexagonal, característica exigida de manera excluyente por la Junaeb sin sustento técnico. En la segunda licitación se admitieron ambas formas. Los lápices hexagonales primero, rectangulares después, con un millón y medio de niños sin útiles en octubre. No es una metáfora. Es la gestión pública del gobierno de los moralmente superiores, de los que llegaron a refundar Chile.
Mientras los cuadernos no llegaban y las onces se evaporaban, otra cosa sí llegó con puntualidad a los colegios públicos: la violencia. En los liceos emblemáticos de Santiago, grupos de estudiantes encapuchados vestidos con overoles blancos portando bidones de bencina y bombas molotov convirtieron la amenaza en rutina. Se multiplicaron los ataques incendiarios, los ataques contra carabineros y las amenazas directas contra profesoras y directivos, incluidas amenazas de muerte y de violación documentadas en querellas. Que no se nos olvide: en octubre de 2024, un grupo de 23 encapuchados con overoles blancos irrumpió en el INBA lanzando fuegos artificiales; la explosión de un petardo dejó 35 estudiantes heridos, cinco de ellos en estado crítico. En marzo de 2026, el mismo modus operandi llegó al Liceo Lastarria, dejando a un docente lesionado y la inspectoría en llamas.
La izquierda que gobernó Chile durante cuatro años no ignoró lo que ocurría en esos establecimientos. Lo sabía. Lo documentaban los medios, lo registraban las querellas de los directores, lo certificaban las estadísticas de Carabineros. Lo que hizo, en cambio, fue protegerse detrás de una ambigüedad ideológica que le resultaba cómoda: los “overoles blancos” eran, en la lectura más condescendiente del mundo, jóvenes que expresaban su malestar frente a un sistema que los había excluido. Intervenir con decisión habría sido, en esa lógica, criminalizar la protesta. El resultado práctico fue dejar en manos de grupos violentos los colegios que, precisamente, debían servir de ascensor social para los hijos de las familias que no tienen acceso a otra educación. Los establecimientos que el Estado abandonó a la violencia eran los que los sectores populares habían considerado durante generaciones su mejor oportunidad de salir de la pobreza.
El Instituto Nacional, el INBA, el Lastarria, el Liceo de Aplicación y varios más, no son simplemente edificios con historia. Son instituciones que en su mejor versión representaron la posibilidad de que el hijo de un obrero compitiera en igualdad de condiciones con el hijo de un profesional. Esa posibilidad requiere algo elemental: que el colegio funcione, que las clases se dicten, que los profesores no sean amenazados, que los patios no sean campos de batalla. El gobierno que prometió defender a los más vulnerables entregó esos colegios a la parálisis y la violencia durante cuatro años, y buscó en el discurso de la “demanda social” el barniz que hiciera la rendición parecer principio. Y todo esto, a vista y paciencia de las autoridades. Todos vimos como adultos, varios de ellos con militancia política reconocida en la izquierda más dura, se paseaban -y pasean- por esos colegios con total impunidad, adoctrinando, incitando.
El Estado les falló a los niños más pobres de Chile de todas las maneras posibles al mismo tiempo: no les llegó la once, no llegaron los lápices, y tampoco llegó la autoridad que protege el derecho a estudiar en paz. Lo que sí llegó fue el discurso. Largo, elaborado, emocionalmente intenso y políticamente útil a la izquierda. Un discurso que hablaba sin descanso de los vulnerables mientras a los vulnerables les robaban la comida.
Catorce mil millones de pesos por raciones que nunca existieron. Un millón y medio de niños sin útiles. Treinta y cinco estudiantes quemados en un baño del INBA. No son episodios inconexos. Son el retrato coherente del gobierno de Gabriel Boric que confundió el compromiso con los pobres con hablar de ellos con elocuencia. La diferencia entre ambas cosas es la que separa la política de la representación teatral.
Y a los niños no les llegó ninguna de las dos.
