En mis primeras clases de Derecho, el profesor nos preguntó si creíamos que existía una verdad objetiva. Varios dudamos; otros lo rechazaron, afirmando que solo existían verdades subjetivas. Esa fue una primera advertencia: un error de nuestro tiempo es haber debilitado el respeto por la búsqueda de la verdad, hasta aceptar que puedan existir tantas como personas opinen sobre un mismo tema.
Algo parecido ocurre hoy en la política. Resulta ilustrativo que, en un mismo año, Mario Marcel publique un libro titulado Crónica de una crisis y cómo se superó (2019-2024), mientras el gobierno habla (hiperbólicamente) de un Estado en quiebra. Eso genera confusión en la ciudadanía. Cuando triunfa el subjetivismo, la política se siente autorizada para describir la realidad a su pinta: nuestros políticos pueden describir Chile desde mundos opuestos, al mismo tiempo y respecto de los mismos hechos.
Eso ayuda a explicar el enredo sobre las finanzas públicas dejadas por el exministro Nicolás Grau. Mientras el ministro Quiroz habla de inconsistencias, Grau sostiene que se trata de diferencias en los supuestos utilizados. En paralelo, republicanos y nacional-libertarios se apresuraron en anunciar la presentación de una acusación constitucional por “errores”, pero insinuando la posibilidad de dolo.
En medio de esta confusión, conviene hacer doble clic en la última encíclica papal, donde S.S. León XIV, además de analizar la IA y citar a Gandalf, llama a volver a poner la verdad en el centro del debate: “La búsqueda de la verdad es un elemento esencial para la democracia, que es en sí misma un instrumento de participación en el bien común. Cuando la pregunta sobre lo que es verdadero pierde interés y se impone un pragmatismo que se conforma con lo que parece útil o eficaz, la vida democrática se debilita. (…) El desinterés por la verdad conduce lenta pero inexorablemente hacia el totalitarismo (…)”.
Eso precisamente se echa de menos en la democracia chilena: discutir hechos antes que interpretaciones u opiniones. La ciudadanía no sabe si debe relajarse ante un país estabilizado, prepararse para un Estado en quiebra o esperar políticos presos por desfalcos u otros delitos. El llamado papal apunta a algo básico: antes de apuntar con el dedo, hay que buscar la verdad; solo después corresponde determinar responsabilidades.
En los próximos días debieran conocerse más antecedentes sobre las finanzas públicas y las responsabilidades involucradas. Solo entonces podrá evaluarse si existe una causal de acusación contra Grau, que la Constitución limita taxativamente a haber comprometido gravemente el honor o la seguridad de la Nación, infringir la Constitución o las leyes o dejarlas sin ejecución, o incurrir en delitos como traición, concusión, malversación de fondos públicos o soborno. Distinto sería convertir la acusación constitucional en un juicio político por ineficiencia. Johannes Kaiser pidió exigir responsabilidades políticas “cuando no se hace bien el trabajo”. La pregunta es si se quiere habilitar ese estándar. Si bastara la mala gestión para acusar constitucionalmente a un ministro, temblarían moros y cristianos.
Por ahora, vale la pena leer Magnifica Humanitas, que recuerda que la verdad debe tratarse como “un don que hay que compartir y no como una posesión que hay que reclamar”. Para eso, el Pontífice propone, entre otros, “el fortalecimiento de los organismos intermedios, un periodismo serio y espacios de debate en los que primen la argumentación y la verificación por encima de la reacción inmediata”. En un país donde la política se está acostumbrando a hablar sin filtros, conviene pedir prudencia, porque cuando la verdad está en juego, la democracia también.
