Existe una forma de incoherencia que no es exactamente hipocresía, porque la hipocresía al menos reconoce, en su fuero interno, que hay una norma que está violando. Lo que exhibe cierta izquierda chilena es algo más interesante desde el punto de vista clínico: la convicción genuina de que sus propias reglas no le aplican, que el estándar que exige a los demás es un instrumento de medición diseñado exclusivamente para medir a los demás.
El episodio es reciente y no necesita adorno. Al final de la primera Cuenta Pública del Presidente Kast, mientras el mandatario pronunciaba sus palabras de cierre en el Congreso Nacional, un hombre le gritó “¡Mentiroso!”. Hasta ahí, un incidente menor, el tipo de irrupción que ocurre en la política de cualquier país y que merece el tratamiento que corresponde a los incidentes menores. Lo revelador no fue el grito. Fue lo que vino después: la senadora Daniella Cicardini, del Partido Socialista, justo, “coincidentemente” filmó el momento y lo publicó en redes sociales con la leyenda “La voz del pueblo en la Cuenta Pública”.
Conviene detenerse en esa frase. “La voz del pueblo.” Una parlamentaria electa, que en su condición de senadora de la República tiene todos los instrumentos institucionales para discrepar, interpelar, fiscalizar y oponerse, eligió elevar como expresión legítima del debate democrático el insulto a voz en cuello de un hombre anónimo en el recinto del Congreso. No lo lamentó. No guardó silencio. Lo celebró, lo encuadró, lo publicó y le puso título.
La misma izquierda que lleva años construyendo una industria retórica alrededor de la desinformación, la polarización y la degradación del debate público, encontró en ese grito no un síntoma del problema sino su reivindicación. La paradoja sería divertida si no fuera tan costosa.
Porque la preocupación por la desinformación y la polarización es legítima, y aquí conviene ser explícito, porque no se trata de un invento de la izquierda ni de un pretexto. Las sociedades democráticas enfrentan un desafío real cuando la conversación pública se fragmenta en trincheras impermeables, cuando el adversario político deja de ser alguien con quien se discrepa para convertirse en un enemigo al que se destruye. Ese fenómeno existe, tiene consecuencias, y merece atención seria.
El problema es que parte significativa de quienes más elocuentemente advierten sobre ese peligro han adoptado el grito, el epíteto y la descalificación como su propio idioma político. No como desliz ocasional, no como exceso pasajero, sino como identidad. La lógica implícita es cristalina aunque pocas veces se enuncia: la polarización es el problema cuando la practica el adversario; cuando la practica uno mismo, se llama convicción, compromiso o, en el caso de la senadora Cicardini, voz del pueblo.
Esta asimetría no es nueva en la política chilena. Tiene una genealogía rastreable. Es la misma lógica que validó las funas, el “el que baila pasa” como forma de deliberación social, que encontró siempre una justificación estructural para la molotov y una condena matizada para quien la lanzó, que celebró las tomas y las barricadas como expresión auténtica de la ciudadanía mientras denunciaba como autoritarismo cualquier intento de restaurar el orden. El grito de “¡Mentiroso!” en el Congreso no cae del cielo, es el heredero reconocible de esa tradición.
Lo que está en juego no es la reputación de una senadora ni la compostura de una Cuenta Pública. Lo que está en juego es si Chile es capaz de construir una conversación política donde el desacuerdo no requiera la humillación del adversario como condición de su autenticidad. Esa conversación la necesita la democracia con una urgencia que no depende del color del gobierno de turno.
Quienes más la invocan deberían ser los primeros en practicarla. Que no lo hagan no es una paradoja. Es una elección.
