La tramitación legislativa de la megarreforma del Gobierno —el proyecto de ley para la Reconstrucción Nacional y el Desarrollo Económico y Social— avanza en el Congreso, luego de ser aprobada y despachada, en tercer trámite constitucional, a la Cámara de Diputados.
El desarrollo de la votación deja, al menos, tres conclusiones que permiten dilucidar el ánimo legislativo de nuestro sistema político.
En primer lugar, la distribución de fuerzas en el Senado exhibe una clara dualidad de posturas, inmutable a lo largo de la votación. Pese a más de siete horas de discursos generales y sucesivas votaciones en particular, las disposiciones de la iniciativa fueron aprobadas, en promedio, por 26 votos -en contra 23 y 1 abstención-.
La estrechez —y la persistencia— de ese resultado admite dos lecturas. La primera es que la ventana de oportunidad del Gobierno para avanzar en su agenda legislativa depende de que se mantenga la actual composición del Senado: la pérdida de un solo senador oficialista bastaría para forzar al Ejecutivo a reformular su estrategia y su relación con el Congreso con tal de superar un empate en votaciones venideras. La segunda es que esa mayoría es coyuntural y no estructural: se construye votación a votación, a partir de acuerdos puntuales más que de una coalición estable. Ello obligará al Ejecutivo a renegociar apoyos en cada etapa del trámite, incluida la que se abre ahora en la Cámara de Diputados.
En segundo lugar, la cohesión entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de Hacienda parece rendir frutos: el complemento entre lo político y lo técnico ha permitido al Gobierno superar lo que varios medios han calificado como la prueba de fuego de sus principales carteras.
Por último, y tal como ocurrió con el proyecto de escuelas protegidas, el rol del Tribunal Constitucional resultará clave para la determinación final del contenido de la iniciativa. Durante la discusión en sala se presentaron numerosas reservas de constitucionalidad —tanto del Gobierno como de la oposición— sobre materias con impacto inmediato en nuestra economía: la eliminación del anatocismo, la reconexión de servicios básicos para zonas declaradas de catástrofe, el derecho al olvido financiero y el pago a 30 días a las pymes serán algunos de los temas que el Tribunal Constitucional deberá resolver.
Estas tres conclusiones retratan bien el momento del sistema político chileno: mayorías estrechas y volátiles, un Ejecutivo que ha sabido articular lo político con lo técnico, y un Tribunal Constitucional llamado, una vez más, a zanjar lo que el propio Congreso no logra resolver en su debate. La suerte final de la megarreforma —y probablemente la de buena parte de la agenda legislativa del Gobierno— dependerá, finalmente de lo que determine el TC.
