Días atrás, en un discurso que significó el retorno al ruedo político del expresidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, el exmandatario planteó esa duda conceptual que lleva a los gobiernos a condundir los téminos tan relevantes como el poder y la autoridad. “No se puede ejercer el poder si no se tiene la autoridad”, afirmó. Y tiene razón.
Y tal aseveración no es una discusión académica ni dialéctica, sino que se refleja en el acto de gobernar, para lo que se requiere autoridad política y moral para ejercer el poder. Esto implica traducir el término autoridad como cualidad, competencia, habilidad. La “autoridad personal”.
En tiempos dónde reina la volatilidad y la ambigüedad, en la que los gobernantes parecen estar atados a la dependencia de las encuestas y, lo que es peor, de un entorno que tironea desde diferentes ámbitos donde los actores buscan imponer condiciones (empresarios, sindicatos, agrupaciones políticas, medios), la pregunta acerca de quién tiene la “autoridad personal” para ejercer realmente el poder se torna determinante.
Vivimmos situaciones complejas respecto a la potencial falta de autoridad de los políticos que gobiernan, especialmente en algunos países de nuestra región.
En tal sentido es conveniente comprenden los conceptos de cargo, poder y autoridad. Obviamente, la convergencia de estos tres conceptos en un gobernante, garantizan legitimidad y determinan su potencial de liderazgo para poner sus ideas en acción.
Pero un gobernante puede tener autoridad formal-legal, es decir, la autorización que habilita su espacio de decisión, y sin embargo carecer de poder efectivo para ejecutar esa voluntad. Es el “poder cero” del que hablaba el filósofo griego Nico Poulantzas, o más precisamente el caso que describe Michael Mann con su distinción entre poder despótico, dónde quien gobierna puede decidir sin consultar (una autocracia) y poder infraestructural, que implica la capacidad real de penetrar en la sociedad y ejecutar esa decisión a partir del convencimiento colectivo.
Un gobernante puede tener autoridad formal y poder despótico pleno, pero no tener poder infraestructural lo que implica que esa decisión no se va a cumplir, la burocracia la ignora y la sociedad no responde. Aquí aparece la falta de “autoridad personal”.
¿Cómo se constituye la “autoridad personal”?
Tiene aspectos innatos, de origen, de formación, tal como sucede con la personalidad. Pero en el caso de un gobernante, el potencial de contar con “autoridad personal” está sostenida en cuatro capacidades: Darse cuenta, decidir, influir y evaluar. Y para esto no hay necesidad de hacer ningún programa de postgrado en política.
El darse cuenta es tener visiones del mundo y elaborar una propia a partir de la convicción en los valores y en los ideales, que le permiten comprender los espacios de oportunidad.
Decidir implica la capacidad de delinear un rumbro, siguiendo las ideas pero pensando en el efecto inmediato y de largo plazo a la vez.
Influir para guiar, aquí aparece la capacidad de negociación y de acuerdos para alcanzar lo necesario.
Evaluar significa aprender de las decisiones, y esto implica despegarse de dogmas y de cárceles mentales que no permiten evolucionar y generar doctrinas que se adapten a los tiempos y a los requerimientos de la sociedad.
El ego; la falta de convicción; la rigidez ideológica; la ira; la falta de empatía; la falta de firmeza frente a otros espacios de poder, son la muestra de la mediocridad de los políticos que ejercen el cargo formal, son la muestra de la falta de “autoridad personal” para gobernar con poder.
Una sociedad en democracia, no elige a gobernantes que sólo utilicen una lapicera para firmar un decreto, sino a quien tiene la autoridad personal que legitime su poder para hacer que esa decisión se cumpla, lo que implica el cumplimiento de la promesa.
Solo para que no quede en un relato.
