En diciembre la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) elige a su próximo presidente, y la conversación ya gira en torno a los nombres en carrera y a cuál de las ramas le toca el turno.
Es la conversación equivocada.
La confianza en las empresas está en un nivel crítico: según el Estudio de Confianza 2026 —elaborado por PwC, la UDP y la ACHS—, solo un 24% de los consumidores declara confiar altamente en ellas. En una escala de 1 a 10, la nota general cayó de 6,1 en 2024 a 5,6 este año: el tercer retroceso consecutivo. No es responsabilidad de esta directiva ni de la anterior; se arrastra hace años.
Pese a lo dramático de las cifras, el problema no parece estar en el radar del empresariado. Su reflejo, cuando no le creen, es pensar que se explicó mal: que falta un mensaje mejor, una campaña que “acerque la empresa a la gente”. Esa tentación —tratar la desconfianza como un problema de marketing— es el error más caro. Porque a las empresas no las dejaron de escuchar: las escuchan, pero no les creen.
No falta un mensaje. Falta un líder.
El aporte de la empresa al país y a las personas es real e innegable, y es cierto que el empresariado muchas veces se ha explicado mal, a la defensiva. Pero el problema es otro, y es de fondo: los gremios les hablan al poder y a los suyos, mientras que el ciudadano igual escucha esa conversación. Los oye hablar de lo que le importa a la empresa, en el idioma de los empresarios. El sector no tiene la costumbre, ni la habilidad, de hablarle al que de verdad importa. Y por mucho que no le hable, ahí está el ciudadano, escuchando un mensaje que no fue pensado para él y sacando sus conclusiones.
En una época en que todo se ve y todo se comenta, ninguna empresa o gremio puede seguir operando de espaldas a la gente: hablarle solo a los suyos dejó de ser una opción. La confianza ya no se administra entre pocos; se gana o se pierde en público.
Ese es el desafío de la CPC como institución, y el reto de su próximo presidente. No el de un salvador que resuelva la desconfianza por sí solo —nadie puede—, sino el de un líder que la ponga como prioridad del gremio: que represente al empresariado ante toda la ciudadanía, no solo ante el poder; que fije estándares, incomode las malas prácticas y alinee a las ramas detrás de eso, en vez de administrar la desconfianza.
Y hay que hacerlo ahora, porque esa confianza es una licencia social que se agota. Sin ella, los argumentos empresariales pierden fuerza pública: cada propuesta de inversión se vuelve más difícil de defender, y cada nueva restricción, más fácil de aprobar. Lo que se pierde hoy se cobra mañana.
La oportunidad está servida: nadie que haya presidido la CPC creó este problema, pero el que se atreva a enfrentarlo empezará a recuperar la licencia social que hace posible el crecimiento, la inversión, el empleo, la infraestructura y la cohesión social.
Para eso no hace falta un vocero.
Hace falta un líder.
