Tras la firma del convenio para la transformación del eje Alameda-Providencia encabezado por el Presidente de la República, la senadora Fabiola Campillai (IND) se reunió con familiares y víctimas de violaciones a los derechos humanos en la Plaza Baquedano, en específico en el sector denominado Jardín de la Resistencia por organizaciones “octubristas”.
Las agrupaciones, familiares y víctimas se oponen al cierre de este Jardín, que dará inicio al proyecto de apertura del acceso de la Estación Baquedano, ya que señalan que no han sido contactados por el gobierno para saber su opinión sobre el proyecto.
Frente a esto, la senadora Campillai solicitó al Gobierno “no cerrar ni remodelar el Jardín de la Resistencia ni Plaza Dignidad hasta que se esclarezcan las querellas e investigaciones sobre los hechos acontecidos en el lugar y se inicie un proceso participativo y de escucha a las organizaciones de derechos humanos”.
Según las organizaciones “octubristas”, el denominado Jardín de la Resistencia “se ha convertido en un sitio de memorias para recordar a las y los asesinados durante el estallido social y exigir justicia por los cientos de sobrevivientes de violaciones a los derechos humanos”.
Angela Caro, hermana de Eduardo Caro fallecido en el incendio de Construmart el 20 de octubre de 2019, fue enfática al señalar que “hacemos un llamado al Presidente de la República a que nos considere como víctimas y familiares de víctimas de violaciones a los derechos humanos y que valore nuestra opinión al respecto, antes de realizar cualquier tipo de intervención en el jardín de la resistencia y la plaza dignidad”.
Por último, la senadora Fabiola Campillai destacó que “en estos lugares aún no se han tomado las medidas necesarias que permitan salvaguardar las investigaciones de los hechos que allí ocurrieron, en causas que buscan incluso determinar las responsabilidad de los altos mandos de las instituciones de orden público del país”.
“El jardín es un hito material que debe ser resguardado, ya que da testimonio de los hechos que ocurrieron durante el estallido social y durante estos últimos años, este lugar ha servido como sitio de reparación simbólica que las víctimas se han dado, en completa desafección por parte del Estado, en su deber en materia de reparación a violaciones a los DDHH y garantías de no repetición. La recuperación de espacios públicos como argumento no puede ser utilizado para borrar la memoria reciente e histórica de un país, además se contradice con el programa de plan de apoyo a víctimas del estallido social del gobierno impulsado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, ya que anula el reconocimiento de éstas y las revictimiza al no ser consideradas ni consultadas. Pues cualquier intervención de tal relevancia histórica debe contar con el consentimiento de las víctimas” argumentó.
