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Exige 580 millones de pesos: ex subsecretario de Previsión Social demandó al Ministerio del Trabajo

El ex funcionario acusó que “la actuación del Estado Empleador fue innecesaria, desproporcionada y carente de razonabilidad” tras las denuncias que se presentaron en su contra.

El ex subsecretario de Previsión Social, Christian Larraín, presentó una demanda en contra del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, donde exigió una indemnización de $580 millones por concepto de daño moral.

A poco más de dos meses de su despido, el ex funcionario acusó a la repartición que lidera Jeanette Jara de tener un trato “innecesario y desproporcionado” en su contra.

La acción judicial fue presentada dos meses después de que Larraín presentara una renuncia a su cargo, tras las denuncias en su contra por supuesto acoso sexual y laboral en la Subsecretaría de Previsión Social.

De acuerdo a lo informado, la acción judicial fue presentada en el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago por el abogado Jorge Bofill.

La demanda contra el Ministerio del Trabajo es por daño moral, pero también por vulneraciones a la garantía constitucional de tener “respeto y protección a la honra” de la persona y su familia. Eso, además de haber incurrido en errores de procedimiento, según detallan El Mercurio y La Tercera.

Ex subsecretario acusó una actuación desproporcionada

En el texto presentado por Jorge Bofill se plantea que “la actuación del Estado Empleador fue innecesaria, desproporcionada y carente de razonabilidad“.

Además, sostiene que la solicitud de renuncia a Christian Larraín, por las denuncias que habían en su contra, se hizo “sin investigación previa, sin comprobación de los hechos“.

Pero, además, acusa que la medida se tomó “sin cautelar el debido proceso, sin medida de protección preventiva ni respeto al principio de inocencia“, por lo que “de un día para otro mi imagen quedó estigmatizada“, sostuvo Larraín en el escrito.

Según argumentó, todo esto lo llevó a solicitar la indemnización de $580 millones. En el detalle, son $80 millones por la violación del derecho al honor y los otros $500 millones por la valorización del daño moral causado a su reputación profesional y personal.

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