Actualmente uno de los mayores problemas que presenta el país es controlar la entrada ilegal de personas al territorio nacional y realizar las expulsión de extranjeros irregulares.
Chile históricamente ha recibido inmigración internacional, la cual se ha visto incrementada en las últimas dos décadas, pasando de constituir el 1,2% de la población en 2002 a alcanzar el 7,8% en 2019, según datos del Departamento de Extranjería y Migración (DEM) y el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
Sobre esto, el Gobierno anunció un nuevo plan para deportar inmigrantes ilegales, en medio de la crisis de seguridad provocada por los numerosos casos de secuestros y ataques violentos que se han conocido en las últimas semanas.
El Ejecutivo tiene previsto implementar un programa que posibilitará la expulsión de al menos 2.600 migrantes en los próximos 14 meses. Sin embargo, se enfatiza la importancia de evitar la criminalización de toda la población migrante y acelerar los trámites adecuados a cada caso.
El por qué son complejas las expulsiones de extranjeros
El académico e investigador del Centro de Estudios Migratorios de la Facultad de Humanidades de la USACH, Byron Duhalde, detalló para EL DÍNAMO que las expulsiones de los extranjeros son complejas porque “tiene que ver con la coordinación que debe tener el Estado de Chile con los países a los cuáles va a devolver a las personas”.
En un segundo punto dado a la causa, el especialista lo relacionó al costo que tiene esta medida.
u0022Si se le está exigiendo al Gobierno que expulse 12 mil extranjeros en un mes y medio, es económicamente y técnicamente imposible, porque cada expulsión tiene un costo aproximado de 3 millones y medio para el Servicio Nacional de Migracionesu0022, sentenció Duhalde.
Por otro lado, el investigador declaró que “el expulsar personas en situación irregular no es la solución definitiva respecto al problema de la irregularidad” y sostiene que debe ser abordado desde el aspecto de seguridad -para poder identificar a las personas- y también debe tener una perspectiva humanitaria.
Finalmente, el experto expuso que “estas personas están desplazadas de manera forzada”, como en el caso de Venezuela y dentro de ese tránsito pierden sus cosas y documentos y no pueden acreditar su identidad al ingreso. Posteriormente, “se les debe garantizar el retorno y un seguimiento adecuado”, infirió.
