La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos concluyó una visita de 10 días al país para analizar el sistema judicial chileno, donde si bien destacó la independencia del Poder Judicial, “estos logros se ven empañados por una desigualdad significativa que se traduce en un acceso desigual a la justicia”.
“A lo largo de mi visita escuché que en Chile hay una justicia para ricos y otra para pobres”, declaró la Relatora Especial sobre la Independencia de los Magistrados y Abogados, Margaret Satterthwaite.
En su despedida del país, la relatora de la ONU reconoció que existe un consenso para separar las funciones administrativas y jurisdiccionales de la Corte Suprema y así evitar un eventual exceso de poder, ya que en la actualidad revisa las decisiones de tribunales inferiores, además de evaluar y supervisar a los jueces de estos tribunales.
“Los nombramientos judiciales deben estar vinculados al mérito, mientras que los procedimientos de evaluación y disciplina deben basarse en criterios claros y apoyar el desarrollo de la carrera de los jueces”, expresó Satterthwaite.
La experta de Naciones Unidas también hizo eco de los cuestionamientos en el Poder Judicial, a propósito de la investigación por eventual tráfico de influencias, luego que salieran a la luz los cuestionados chats del abogado Luis Hermosilla.
“Hago un llamado al Poder Judicial a que atienda las peticiones de mayor transparencia en los nombramientos para los tribunales superiores. Las investigaciones sobre las acusaciones de tráfico de influencias deberían llegar a buen puerto en breve y enviar un mensaje contundente sobre los principios que defiende el poder judicial chileno”, sostuvo Satterthwaite.
Junto con ello, hizo un llamado a La Moneda a poner fin al estado de excepción en la Región de La Araucanía, y en las provincias de Arauco y Bíobío en la Región del Bíobío, planteando que “el sistema judicial debe participar activamente en la provisión de respuestas justas a las demandas que subyacen al conflicto en la región y debe contar con los recursos y el apoyo necesarios para proporcionar un acceso a la justicia adecuado y culturalmente apropiada”.
Dureza de penas y falta de acceso para los sectores vulnerables
Margaret Satterthwaite mostró especial preocupación por la dureza en la aplicación de penas y en la discriminación que existe para los sectores vulnerables para la aplicación de la ley.
En esta línea, detalló que los propios jueces y magistrados reconocieron que los sectores más acomodados se ven beneficiados de un sistema judicial eficaz que permite la tramitación acelerada de sus causas hasta evitar penas de cárcel, “mientras que los menos afortunados se ven atrapados en largos procedimientos y reciben penas más duras”.
“Esta experiencia diferenciada se agrava cuando las dificultades económicas se entrecruzan con la discriminación, y los perfiles raciales obstaculizan el trato justo a las comunidades de pueblos indígenas, migrantes y afrodescendientes”, afirmó la relatora especial.
“También pido que se avance en los casos pendientes relacionados con el uso excesivo de la fuerza en el estallido social y las graves violaciones de los derechos humanos del régimen de Pinochet”, dijo Satterthwaite.
La experta presentará un informe sobre la visita, con sus conclusiones y recomendaciones frente al Consejo de Derechos Humanos en junio de 2025.
