Durante este viernes, la Corte de Apelaciones de Antofagasta resolvió el recurso de amparo que presentó la defensa de la psiquiatra Josefina Huneeus Lagos, a raíz del pinchazo a su teléfono en el marco de la investigación por el Caso ProCultura.
El tribunal de alzada determinó que Corte “acoge recurso de amparo presentado por Josefina Huneeus Lagos contra resoluciones que autorizaron medidas intrusivas y las declara ilegales, ordenando la eliminación en la investigación fiscal de todo lo obtenido en base a ellas”.
La arremetida judicial que patrocinaron los abogados Alejandro Awad y Miguel Schürmann fue en contra de la resolución que le permitió a la PDI, mandatado por el fiscal regional de Coquimbo Patricio Cooper, realizar escuchas telefónicas a la profesional, a pesar de que figuraba como testigo en la causa por ser ex esposa de Alberto Larraín, el fundador de ProCultura.
En el amparo, los penalistas acusaron al Ministerio Público de llevar a cabo actos ilegales en contra de Josefina Huneeus, a quien se le intervino su teléfono y se filtró una conversación que mantuvo con el presidente Gabriel Boric.
Bajo este contexto, este jueves se realizó la audiencia, donde la defensa presentó sus alegatos, señalando que el teléfono nunca estuvo a nombre de Alberto Larraín y que ella era dueña del número incluso antes de ser pareja del creador de la ONG, situación por la cual no se explican por qué la Fiscalía intervino el celular.
Lo anterior, debido a que los defensores plantearon que es ilegal pinchar un teléfono de una persona que se encontraba en calidad de testigo.
La cronología del pinchazo de Cooper a Josefina Huneeus por Caso ProCultura
Fuentes cercanas al entorno de Huneeus detallaron a EL DÍNAMO que el 2 de octubre de 2024, Cooper solicitó a la jueza pinchar dos números de teléfono, aludiendo que pertenecen a Alberto Larraín. Sin embargo, uno de esos números es de la psiquiatra.
Tras la autorización de la magistrada, el 10 de octubre “hay un correo, que está en el expediente de la PDI, al fiscal que dice que el número no es de Larraín, sino que de Huneeus”. Por esta razón, en ese momento, “el fiscal debería haber cortado el pinchazo de ese teléfono porque era ilegal”.
La conversación entre Huneeus y el presidente Boric que se filtró a la prensa se efectuó el 14 de octubre. “No interrumpen el pinchazo, a pesar de que a partir de ese día ya era ilegal”, expone.
Dos días después, según indica, el fiscal Patricio Cooper solicitó nuevamente intervenir el aparato de ex esposa de Alberto Larraín, “porque se dan cuenta que el 14 había un llamado importante, por lo tanto tenían que justificar que el teléfono tuviera legalidad para ser escuchado”.
En este escenario, la jueza autoriza a realizar esta acción. Sin embargo, esto no correspondería, ya que desde el entorno de Huneeus apuntan a que la ley establece que para pinchar un teléfono, se debe presentar evidencia de delito, y ella no estaba imputada en ese momento, estaba como testigo.
Posterior a esta resolución, en diciembre el persecutor llamó a declarar como imputada a Josefina, “porque se da cuenta que para poder usar todo lo que tenía, ella tenía que tener la calidad de imputada, una cosa que no tenía en el momento que le pidieron ser escuchada”.
Considerando lo anterior, entre los alegatos del recurso de amparo se hizo referencia a que no se permite la intervención bajo sospecha, sino que debe haber evidencia. Esto, aludiendo que a partir del 10 de octubre Cooper no tendría derecho de pinchar el aparato, al igual que la autorización de la jueza, la cual no tendría lugar.
Fiscalía defendió legalidad en intervención de teléfono de Josefina Huneeus
Por su parte, la jueza Sissi Bertoglio defendió las medidas intrusivas que se realizaron, asegurando que fueron conforme a derecho.
“La interceptación a la que se hace referencia se decretó mediante resolución de 2 de octubre de 2024. En solicitud de 16 de octubre el Ministerio Público hizo presente que el número asociado al imputado Larraín Salas correspondía a la recurrente, lo anterior originado por constar dicho número en los antecedentes de Dicom del encartado”, sostuvo la jueza.
A pesar de que Cooper es la “cara visible” de la indagatoria, delegó al fiscal Eduardo Yáñez para que se haga cargo de alegar y defender las actuaciones del caso ante la Corte de Apelaciones.
Desde el Ministerio Público manifestaron Huneeus sí tiene calidad de imputada, lo cual se le comunicó cuando ella prestó declaración y expusieron que el interés investigativo se basa en que podría ser “encubridora” de los eventuales delitos de Alberto Larraín o de Constanza Gómez, los cuales se están investigando.
