El Gobierno decidió adoptar duras medidas contra los funcionarios públicos que viajaron fuera del país mientras se encontraban con licencias médicas falsas, de acuerdo a lo confirmado por el ministro del Interior, Álvaro Elizalde.
Lo anterior, luego de que la Contraloría General de la República denunció que más de 25 mil de estos funcionarios salieron de Chile entre los años 2023 y 2024, cuando contaban con licencias por distintos problemas que, supuestamente, les impedían realizar sus trabajos al interior de las diversas reparticiones del Estado.
De acuerdo con lo detallado por la Contraloría, para esos 25.078 servidores públicos se emitieron 35.585 licencias médicas, las cuales corresponden un 69% a permisos entregados por Fonasa y un 31% por distintas Isapres.
Precisó además que los titulares de esos permisos entraron o salieron del país en 59.575 oportunidades, con una duración promedio de 17 días de supuesto reposo.
Las medidas que anunció el Gobierno por los viajes de los funcionarios con licencias médicas falsas
Al referirse al caso, el titular del Interior anunció una serie de medidas para investigar y sancionar a estos funcionarios públicos, tras calificar su actuar como “abuso”.
En esa línea, Álvaro Elizalde precisó que “se está solicitando un informe a todos los ministerios y servicios. Se los va a instruir para que inicien los sumarios internos y se van a entregar todos estos antecedentes al Consejo de Defensa del Estado“, detalló.
El jefe del Gabinete aseveró a la vez que si dichos sumarios detectan irregularidades graves, “se ejercerán acciones penales”, a las que se podrían sumar “acciones civiles” si el caso lo amerita.
“Existe un derecho, cuando un trabajador está enfermo, al subsidio de incapacidad laboral, a la licencia médica, al descanso necesario para su recuperación. Pero ese derecho se ejerce en la medida que tenga el fundamento médico, no cuando se abusa del sistema“, recalcó el ministro del Interior.
También abordó el impacto que tienen las irregularidades como las detectadas por la Contraloría y manifestó que “cuando se presenta una licencia médica falsa, se le hace daño a los demás cotizantes del sistema. Aquí, literalmente, no paga Moya, paga el resto de las chilenas y chilenos honestos“, enfatizó.
Álvaro Elizalde destacó además la nueva ley que regula a los “grandes emisores” de las licencias médicas, que según él “son los que hacen mayor daño a la comunidad económica y social“.
“Dentro de las medidas que hemos estado impulsando está la modernización del marco jurídico para evitar el abuso del sistema“, manifestó, y recordó que esto “ya se viene trabajando desde antes”.
“En el sector salud se han presentado 300 denuncias, al menos, al Ministerio Público respecto de licencias infundadas, y adicionalmente se han realizado más de 1.200 sumarios”, concluyó.
