Luego de que la Corte de Apelaciones declarara ilegal del pinchazo al teléfono de Josefina Huneeus en el marco del Caso ProCultura, el fiscal regional, Juan Castro Bekios, acusó sesgo político en el fallo, apuntando también a la existencia de “opiniones personales”.
Durante la semana pasada, el tribunal de alzada declaró ilegal la intervención del número telefónico de la ex esposa del cofundador de la ONG, Alberto Larraín. Por ello, se ordenó eliminar las escuchas a Huneeus, dando un golpe al fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, quien no informó que el aparato correspondía a una testigo, lo cual desencadenó en que fuera apartado de la investigación.
Tras el fallo de la Corte, la Fiscalía Nacional reasignó a la Fiscalía Regional de Antofagasta, encabezada por Juan Castro Bekios, para que siga adelante con las diligencias del Caso ProCultura.
Bajo este contexto, Juan Castro Bekios presentó una apelación a la decisión del tribunal nortino ante la Corte Suprema, apuntando a que se el fallo contendría “opiniones personales o consideraciones de orden político”.
“La resolución judicial de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Antofagasta contiene determinadas menciones que, sin fundamento o consideración alguna, se apartan de toda base orgánica referida al principio de legalidad”, acusó el persecutor.
Lo anterior, considerando los cuestionamientos al actuar de la PDI, producto de no haber identificado que el dispositivo pertenecía a una mujer y no a Alberto Larraín, además de la referencia a la dictadura.
“Se han validado actuaciones policiales al amparo de quien dirige la investigación, propias de tiempos pretéritos de la República, donde las garantías fundamentales de los ciudadanos eran vulnerados por agentes del propio Estado”, es parte de lo que se lee en el fallo que se dio a conocer el pasado 16 de mayo.
Fiscal de Caso ProCultura acusó “consideraciones políticas” en fallo que invalidó pinchazo a Josefina Huneeus
Con respecto a los argumentos que invalidó el pinchazo a Josefina Huneeus, el fiscal Juan Castro Bekios aseguró que “no responden a paráfrasis de normas jurídicas vigentes, citas de resoluciones judiciales dictadas por otros tribunales de nuestro país, ni tampoco constituyen razonamientos doctrinarios que permitan fundamentar razonablemente la decisión adoptada“.
“Por lo pronto, son manifestaciones que encuentran sintonía con opiniones personales o consideraciones de orden político; o bien, y en caso que se discrepe de la naturaleza de las mismas, resulta necesario consensuar que, a lo menos, son menciones que se alejan notoriamente de todo espectro jurídico”, agregó el fiscal de Antofagasta.
“La emisión de apreciaciones sobre las aptitudes de los funcionarios que forman parte de la Policía de Investigaciones o la analogía entre el desarrollo de una diligencia y un período histórico de nuestro país es susceptible de ser calificado como impertinente, atendido que la potestad ejercida por todo tribunal de nuestro país no contempla una prerrogativa de tal índole”, expuso.
Considerando esto, solicitó al máximo tribunal del país acoger la apelación con la intención de que revoque la resolución y se “declare la legalidad de las resoluciones judiciales cuestionadas, así como también la de todas las diligencias y resoluciones que de ellas derivaron, en lo concerniente a la amparada”.
