Un espaldarazo cerrado recibió por parte del Senado la contralora general de la República, Dorothy Pérez, quien expuso en la sesión especial de la Comisión de Salud por el Caso Licencias Médicas.
En su alocución, la contralora detalló pormenores de la auditoría llevada a cabo por la institución que dirige, despejó dudas sobre los límites de la función de la CGR —lo que decantó en acuerdo para proponer nuevas facultades al ente fiscalizador— y, tras la sesión, fijó nuevos objetivos en la indagación de este tipo irregularidades en el sistema público.
Respecto los detalles del informe que reveló los más de 25 mil casos de funcionarios que salieron del país con una licencia médica vigente, Pérez detalló situaciones insólita para viajar fuera del país, funcionarios que registraron hasta 31 ingresos y salidas del país con licencia médica y hasta empleados del sector público que estudiaron en el extranjero mientras estaban con reposo médico.
“No tiene ninguna consideración política”
En su exposición, la contralora Dorothy Pérez dio nuevos detalles sobre la razón detrás del abultado número de funcionarios detectados en algunas instituciones y explicó por qué se fiscalizó sólo el periodo correspondiente a la administración del presidente Gabriel Boric.
Sobre este último punto, Pérez se detuvo al momento de iniciar su presentación para explicar que “esto no tiene ninguna consideración política (…) Nosotros elegimos el periodo de fiscalización conforme a una metodología, no por decisiones de otro nivel”
“Generalmente se selecciona inmediatamente el año anterior, pero otras veces hay ocasiones en que se selecciona dos o tres años. Y esto tiene que ver con la capacidad de fiscalización de nuestros fiscalizadores”, explicó la contralora.
Con ese punto despejado, Pérez repasó la metodología utilizada para dar con los casos, detallando que se mal utilizaron 35 mil licencias médicas, de las cuales 62% corresponden a Fonasa y el otro 39% a isapres, y que la cifra de salidas y entradas al país asciende a más de 59 mil viajes.
En ese sentido, la contralora apuntó a casos particulares en que funcionarios repitieron decenas de veces la fórmula para viajar pese a tener reposo prescrito: 125 funcionarios registraron entre 15 y 30 salidas/entradas del país, mientras que 51 que registraron más de 31.
Caiga quien caiga
Pese a que el informe con datos consolidados salió recién hace una semana, Pérez comentó que la Contraloría lleva ya varios años recomendando a servicios públicos llevar adelante sumarios e imponer sanciones por situaciones de esta misma índole.
En esa línea, Pérez reiteró que la Contraloría llevará adelante un sumario administrativo contra la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin) y Fonasa por la falta de fiscalización en esta materia.
Otra de las acciones que ya corren en esta línea son los juicios de cuenta que la Contraloría impulsa, los que, según comentó Pérez, buscan la restitución de fondos en una veintena de instituciones en que se detectaron este tipo de casos.
¿Y qué pasa con las responsabilidades? La contralora, como lo habían mencionado senadores, cuestionó la vía administrativa que suele dejar sin sanciones a los funcionarios.
“En nuestro país tenemos cuatro clases de responsabilidad, además de la responsabilidad política y de la civil que busca la recuperación de los dineros, tenemos la responsabilidad administrativa que implica perseguir los incumplimientos funcionarios y la responsabilidad penal es por los delitos. ¿Por qué hago presente esto? La debilidad que tienen los sumarios administrativos en nuestro país no sólo deriva de los laxos del procedimiento. Deriva, en mi opinión técnica, después de 20 años de haber trabajado en la Contraloría, le puedo decir con certeza que el problema es que no hay sanción”, señaló Pérez.
Y acotó: u0022El problema de que no haya sanción se debe a que la Contraloría solo le puede proponer la sanción a la jefatura de servicios y la jefatura de servicios a la vez aplica la medida disciplinaria que la Contraloría le está proponiendou0022.
Pérez apuesta por fiscalizar a fuerzas de orden y batería de medidas
El próximo paso a seguir es instaurar “la doctrina” Pérez en esa materia. Ahora, la fiscalización a las licencias se extenderá a las Fuerzas Armada y Carabineros, además de que se comenzará a realizar un control anual, según confirmó la misma contralora.
Otras medidas también serán adoptadas, como que el informe sobre licencias médicas será anual, se fiscalizarán viajes dentro del país, se revisará la situación general del doble empleo en base a licencias y se promoverá desde la Contraloría el fortalecimiento del sistema nacional de control.
“Incorporamos el mayor volumen de funcionarios públicos que están en Fonasa e isapre, pero el porcentaje de funcionarios de las policías y de las Fuerzas Armadas va a ser revisado en este trabajo que estamos avanzando”, anunció la contralora.
