El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, confirmó que este miércoles 28 de mayo entrará en vigor la Ley de Funerales de Alto Riesgo, a través de la cual se buscará controlar los denominados narcofunerales, con el propósito de darle tranquilidad a la ciudadanía.
El texto, que fue promulgado por el presidente Gabriel Boric el pasado 20 de noviembre, contempla una serie de medidas tendientes a que estas actividades se realicen “sin alterar la seguridad”, según enfatizó el secretario de Estado.
La Ley N°21.717 establece un varios protocolos para los funerales que, según estimen las autoridades del sector, representen un riesgo para la seguridad y el orden público.
“A partir del día de mañana, un funeral que tenga una muerte violenta, que tenga determinadas características de riesgo, atendido la persona fallecida, su historial delictual y los antecedentes que de los cuales dispone, el delegado presidencial respectivo deberá calificar previo informe de Carabineros de Chile, con información proporcionada también por la Policía de Investigaciones y Gendarmería, si dicho funeral tiene la condición de riesgo”, manifestó el ministro Cordero.
En esa línea, dijo que si dicho funeral tiene esa condición, “éste deberá ejecutarse dentro del plazo de 24 horas, una vez notificada la resolución por parte del delegado presidencial“.
Las atribuciones que entrega la ley de narcofunerales a Carabineros
Entre las nuevas atribuciones que se le entregan a Carabineros en el marco de la ley de narcofunerales, se encuentran:
- Definir el recorrido del cortejo.
- Ordenar el traslado del cuerpo desde el Servicio Médico Legal al cementerio.
- Realizar controles de identidad, alcoholemia y estupefacientes.
- Impedir el ingreso de elementos que podrían causar daños o lesiones.
- Impedir el ingreso a personas bajo la influencia de alcohol y drogas.
Respecto de la presencia policial, se estima que en cada uno de estos narcofunerales se contará con un contingente que variará entre 35 y 40 carabineros.
En caso de que la familia del fallecido no acate lo dispuesto por las autoridades, “la ley establece que la persona fallecida será tratada como indigente y, en consecuencia, es la autoridad la que toma unilateralmente la decisión respecto del lugar de inhumación“, precisó Cordero.
Además, se detalló que en el caso de que se cometan delitos en el contexto de estos funerales de alto riesgo, la nueva normativa establece que las penas a aplicar excluyen el grado mínimo, por lo que quienes incumplan la ley arriesgan penas de 541 días a 3 años y un día de cárcel, así como una multa de 10 a 20 UTM.
