El control de armas ha sido un tema recurrente como base para disminuir los niveles de violencia en el país. Pero Contraloría detectó una serie de falencias que incluyen armas inscritas a nombre de personas fallecidas, denuncias que no fueron ratificadas y otras irregularidades.
La Contraloría General de la República (CGR) revisó procedimientos de 25.395 formularios asociados a 37.566 armas inscritas a nombre de 20.697 personas. La fiscalización se organizó en diferentes campos, con el fin de analizar diversas falencias en procesos ocurridos entre 2023 y 2024.
Un primer análisis habla de revólveres, rifles, pistolas y cargadores que no se encontraban inscritos de manera correcta, ya sea con formularios de inscripción posteriores a la fiscalización o inscritos a nombre de personas diferentes a su tenencia.
Se trata de 35 armas que tardaron hasta 111 días en ser inscritas después de la fiscalización de Carabineros, generándose una discrepancia respecto a por qué no fueron incautadas.
Armas de personas fallecidas y el cuestionado rol de Carabineros
También se acusa que se encontraron armas inscritas al menos a nombre de seis personas diferentes y también deficiencias en los informes de fiscalización.
“Se constataron al menos 40 casos en los que se generaron los formularios de inspección; no obstante, no se detallaron los datos del arma fiscalizada, tales como ID, tipo, marca, modelo y serie, así como tampoco el domicilio de inscripción del arma ni el inspector que realizó la fiscalización”, detalla la CGR.
También se detectaron inconsistencias de armas cuyo dueño había fallecido pero que no estaban debidamente informadas, y también de usuarios que habían acusado el hurto o devuelto voluntariamente armamento.
El organismo agregó que Carabineros no enfoca sus inspecciones en personas que representan un riesgo mayor al mantener armas, lo que la expone al riesgo de que condenados por crímenes o simples delitos hagan un mal uso de estas especies o que estas armas sean introducidas en el mercado ilegal nacional, generando perjuicios en la población.
Dentro de lo más delicado, se detectaron casi 450 armas que tenían encargo policial y que se encontraban en el sistema como “inspeccionadas”, es decir, con un estatus regular, cuando existían procesos judiciales que exigían su revisión.
La Contraloría destacó el riesgo de estas descoordinaciones reiterando que el objetivo de los sistemas de control de Carabineros es que “incluyan comprobaciones que validen y aborden la integridad y precisión de la información”.
Añadieron que la entidad no enfoca sus inspecciones en personas que representan un riesgo mayor al mantener armas, lo que la expone al riesgo de que condenados por crímenes o simples delitos hagan un mal uso de estas especies o que estas armas sean introducidas en el mercado ilegal nacional, generando perjuicios en la población.
“Se evidenció que las medidas de fiscalización adoptadas ante situaciones de poseedores de armas que cometieron crímenes o simples delitos se realizaron, para 133 casos, con una dilación mayor a 1 año desde la fecha de la condena, entre los cuales destacan casos en que los tenedores se encuentran condenados por delito de homicidio y las medidas adoptadas tuvieron una dilación superior a 6.500 días”, asevera el reporte.
Pero, contrariamente, hay actualizaciones que aún requieren que sea el portador del arma quien reporte su estatus, generando un vacío en el control de esas armas. “En el caso de hurto o extravío, si no es el portador quien actualiza el estado, no resulta factible contar con antecedentes en el referido sistema, ya que este no se encuentra en línea con el Sistema de Encargos Policiales de esa entidad”.
La CGR explica que el riesgo recae en que, al no tomar las medidas correspondientes de forma oportuna, estas armas queden en manos de personas que representan un alto riesgo y que puedan utilizarlas para la comisión de nuevos delitos, lo cual genera perjuicios a la población nacional.
Las 1.800 armas en manos de criminales y solo dos funcionarios
Dentro de los antecedentes más sensibles se contó el registro de 1.881 personas con armas inscritas, que fueron condenadas por crimen o simple delito posterior a la fecha de la autorización de su tenencia, en condiciones en que esa inscripción debería haber sido inmediatamente cancelada una vez concretada la condena.
Las causas asociadas a las inscripciones de armas se encuentran delitos de alta connotación, tales como homicidio, abuso sexual, tráfico de drogas y robo con intimidación.
El ente fiscalizador también señaló que Carabineros no denunció en todos los casos al Ministerio Público. Dentro de los descargos de Carabineros está la baja dotación y capacidad de fiscalización que tienen para el control de armas.
Carabineros respondió que cuenta con 42 patrullas policiales, equivalentes a 126 carabineros, para cubrir las 32 comunas de Santiago, lo cual se traduce en un promedio de 1.000 formularios semanales, los cuales son entregados a la oficina de operaciones de la 68° Comisaría de Control de Armas y Explosivos.
Sobre las denuncias, replicaron que las funciones de cierre de los formularios en el sistema, confección de actos administrativos y la concreción de denuncias al Ministerio Público recaen en dos funcionarios de dicha oficina, quienes son los encargados de generar, preparar y distribuir los nuevos formularios de inspección para la semana siguiente, lo cual ha significado una sobrecarga para la mencionada oficina y demoras en finiquitar el proceso de fiscalización de armas.
