La Contraloría General de la República (CGR) reveló una nueva arista en el Caso Licencias Médicas, donde más de 25 mil funcionarios están en la mira por eventualmente usar permisos médicos de forma fraudulenta.
El organismo detectó que 3.532 servidores públicos presentaron licencias emitidas por alguno de los 44 profesionales de la salud que se encuentran siendo investigados por el Ministerio Público por la entrega fraudulenta de licencias.
Lo anterior, se descubrió tras cruzar la información con el Sistema de Información y Control de Personal de la Administración del Estado (SIAPER) y otras bases institucionales. En detalle, el ente fiscalizador detectó que de un total de 6.632 personas que fueron receptoras de estos documentos -contenidas en el listado del ente persecutor- los 3.532 funcionarios estaban en ejercicio de sus labores a junio de 2025.
Sumado a ello, se halló que un 79% de las licencias médicas estaban relacionadas a diagnósticos por salud mental, con un total de 192.781 días de reposo autorizados.
Los médicos investigados por fraude en el Caso Licencias Médicas
Con respecto a los 44 médicos que se encuentran siendo investigados (todos de nacionalidad extranjera), se verificó que 10 ejercieron como funcionarios públicos entre 2019 y 2024. De este número, cinco no contaban con su Examen Único Nacional de Competencias Médicas (Eunacom), requisito para trabajar legalmente en el sistema público de salud.
En el comunicado, el organismo detalló que “el informe señala que estas licencias médicas fueron emitidas a trabajadores de todo el territorio nacional en servicios como municipalidades, Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad; SLEP; Gendarmería y en otras entidades, incluyendo privadas”.
Del mismo modo, la Contraloría descubrió que 5.284 trabajadores que tuvieron licencias médicas entre 2020-2022, volvieron a hacer uso de ellas durante el transcurso entre 2023-2025. De estos documentos, 1208 se otorgaron por parte de seis de los mismos médicos que están en la mira por el ente persecutor.
Considerando lo anterior, el ente fiscalizador “notificará a los organismos públicos que actualmente cuentan con funcionarios en ejercicio, con el objetivo de iniciar los sumarios respectivos, toda vez que como en estos casos existe una investigación penal en curso, la responsabilidad administrativa de los mismos no habría prescrito. Asimismo, los servicios públicos que hayan contratado a médicos extranjeros deberán acreditar los motivos por los cuales dichos profesionales no contaban con su Eunacom”.
