La Defensoría Penal Pública apoyó al abogado defensor de Manuel Monsalve, Víctor Providel, y rechazó las declaraciones de la profesional María Elena Santibáñez -que representa a la denunciante del ex subsecretario del Interior-, quien acusó a su colega de cooperar para divulgar aspectos privados de la víctima en medios de comunicación.
De acuerdo con lo manifestado por Santibáñez, Providel mantenía comunicaciones con un individuo que pretendía divulgar videos íntimos de su clienta, por lo que anunció que presentaría una denuncia en contra del defensor de Monsalve.
Según denunció la familia de la denunciante, el sujeto que habría ofrecido los videos es un hombre de nacionalidad uruguaya que a principios de año habría mantenido una relación con la víctima.
A raíz de lo anterior, el Ministerio Público abrió una causa por el delito de amenaza y ordenó diversas diligencias investigativas.
Los argumentos de la Defensoría Penal para respaldar al abogado de Monsalve
Al abordar el tema, la Defensora Regional Metropolitana Norte, Daniela Báez, dijo que “queremos señalar que de acuerdo a los antecedentes con que nosotros contamos y que fueron expuestos directamente por el fiscal regional de la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte, Xavier Armendáriz, y a mí en mi calidad de Defensora Regional Metropolitana Norte, y que entendemos son los mismos con lo que cuenta la abogada querellante, doña María Elena Santibáñez, estos no se condicen lo con lo que ella ha aseverado“.
“Vemos con preocupación que se hayan vertido tan graves acusaciones que afectan el ejercicio legal de la defensa y la ética profesional que caracteriza a todos nuestros defensores penales públicos“, añadió Báez.
“Queremos ser enfáticos que el cambio de un defensor penal público solo se produce por infracción a los estándares de defensa o por requerimiento del imputado, de nadie más“, dijo a continuación la defensora.
Finalmente, la funcionaria de la Defensoría Penal manifestó que “queremos reiterar nuestro compromiso institucional con la prestación de la defensa penal pública en nuestro país, sin distinción a todos aquellos que enfrentan un proceso judicial y que carecen de abogado confianza, siempre con respeto a los derechos fundamentales de todas las personas”.
