El Consejo de Defensa del Estado (CDE) demandó al ex alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, por más de 3 mil millones de pesos, a raíz de los millonarios perjuicios fiscales que conllevó la compra de insumos en el marco del caso Farmacias Populares, a la vez que solicitó una condena de 20 años de cárcel.
Esta acción judicial se suma a la que lleva a cabo por el mismo tema la Fiscalía Regional Centro Norte, que acusó al ex jefe comunal de fraude al Fisco, cohecho, estafa y delito concursal, por los que está solicitando una pena de 18 años de cárcel.
Por este caso, el actual candidato del Partido Comunista a la Cámara de Diputados se encuentra con la cautelar de arresto domiciliario total.
Qué dice la demanda del CDE contra Daniel Jadue por el caso Farmacias Populares
De acuerdo con lo expuesto en la demanda del CDE por el caso Farmacias Populares, además de Daniel Jadue, está dirigida también a Raúl Moraga, José Muñoz, María Eugenia Chadwick y Eduardo Sendra.
Según se indica en el texto que ingresó el abogado Marcelo Chandía, todo comenzó en 2020, cuando Jadue, Moraga y Muñoz “intervinieron en operaciones en razón de sus cargos (…) y realizaron una serie de actuaciones para defraudar” a la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp).
Detalló a continuación que en su rol de presidente de dicha asociación, Jadue “sin contar con requerimiento de mercaderías de ninguna municipalidad adherida, y tampoco contar con la aprobación del directorio para compras de más de 500 UTM (…) acordó con la empresa Best Quality Products SpA la compra de mercaderías correspondiente a diversos insumos médicos por una suma total de 1.384.817.875 pesos“.
El texto, al que accedió La Tercera, añadió que por esas compras se emitieron 11 facturas a Best Quality Products SpA entre el 1 de julio y el 10 de noviembre de 2020, período durante el cual Jadue adquirió insumos y medicamentos pensados para combatir la pandemia.
En la demanda se apuntó además que, pese a las deudas, los sueldos de Achifarp crecieron un 86% entre 2020 y 2021, y que, “teniendo la necesidad de mantener oculto el real estado financiero de la asociación (…), los imputados se concertaron para la obtención de recursos desde la Municipalidad de Recoleta” para obtener liquidez.
“En este caso, con la perpetración del delito se ha causado un perjuicio patrimonial al Fisco de Chile, equivalente al valor total de las operaciones defraudatorias en las que intervinieron los respectivos acusados“, asevera la demanda.
Y recalca que el total de indemnización alcanza los $ 3.705.922.116, aunque solicitó que dicho monto sea reajustado conforme a la variación de IPC.
Además, en el escrito de la demanda el Consejo de Defensa del Estado presentó una acusación particular en el caso, dado que no se plegó a la realizada por la Fiscalía, y solicitó una pena de 20 años de presidio para el ex alcalde de Recoleta.
