La Fiscalía Regional de Antofagasta ratificó el cierre definitivo de la investigación de la Fundación Democracia Viva, una de las aristas del llamado Caso Convenios, presentando la acusación formal contra la desaforada diputada Catalina Pérez y otros seis imputados.
El fiscal regional Juan Castro Bekios precisó que, tras la reapertura pedida por la defensa de Daniel Andrade, se cumplieron las diligencias requeridas y se cerró la indagatoria.
Al respecto, el persecutor precisó que “se acusa por los mismos delitos de fraude al fisco reiterado en las cuatro aristas, y también hay delito de lavado de activo. Es exactamente la misma calificación jurídica, los mismos grados de participación y, por lo tanto, las mismas penas”.
El fiscal Bekios indicó que “es la misma acusación que se había presentado antes. La única diferencia que hay entre lo de hoy y lo que ocurrió previo a esa audiencia de reapertura, es que se incorporaron a la carpeta de investigación, a solicitud de una de las defensas, los antecedentes que esta estimó que faltaban”.
En esta línea, el representante del Ministerio Público reconoció que el juicio por el Caso Democracia Viva se extenderá por varios meses ante el alto número de antecedentes, que incluyen siete fundaciones, documentos, mensajes de WhatsApp y correos.
A esto se sumarán las declaraciones de peritos y testigos de los imputados por las fundaciones Democracia Viva ($426 millones); Fibra ($430 millones); Fusupo ($284 millones) y TomArte ($456 millones).
La Fiscalía está a la espera que el Juzgado de Garantía de Antofagasta fije fecha para la audiencia de preparación del juicio oral.
