La Comunidad Palestina de Chile manifestó su “profunda preocupación” ante los rumores de un posible diálogo entre el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu.
A través de un comunicado, la comunidad sostuvo que esperan que “sinceramente que dichos trascendidos no sean efectivos“. Lo anterior, señalando que “una acción de esta naturaleza implicaría una vulneración grave y flagrante de la política de Estado que ha orientado históricamente la acción internacional de Chile”.
De acuerdo al texto, esta política se basa en el “estricto cumplimiento del Derecho Internacional, la promoción y defensa de los Derechos Humanos, y el respeto irrestricto del Derecho Internacional Humanitario”.
A juicio de la Comunidad Palestina de Chile, una conversación política con Netanyahu “significaría un quiebre explícito con esa tradición diplomática y jurídica del Estado de Chile“. Esto, enfatizando que el primer ministro de Israel está “actualmente requerido por la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra“.
La preocupación de la Comunidad Palestina de Chile por posible diálogo entre Kast y Netanyahu
Sumado a ello, aseguran que dicho contacto constituiría “una señal contradictoria y profundamente perjudicial para los intereses estratégicos del país, que ha construido en su prestigio internacional sobre la base del multilateralismo, el respeto a las normas internacionales y la defensa de un orden mundial basado en el derecho y no en la fuerza”.
Siguiendo en esa línea, destacan que Chile “por su historia, su realidad y sus convicciones, ha aspirado siempre a un sistema internacional regido por normas comunes, responsabilidad jurídica y rendición de cuentas” Sin embargo, manifiestan que esos principios hoy se ven “abiertamente desafiados por las políticas impulsadas por el gobierno de Benjamín Netanyahu”.
Considerando lo anterior, la entidad realizó un llamado a que “todos los actores políticos nacionales actúen con responsabilidad, coherencia y respeto por los principios fundamentales” de la política exterior. Asimismo, instaron a evitar “gestos o señales que puedan interpretarse como un aval, directo o indirecto, a graves vulneraciones al Derecho Internacional y a los Derechos Humanos”.
