Un cambio decretado por el presidente Gabriel Boric en la subsecretaría de la Mujer y Equidad de Género en marzo del año pasado reveló un error de cálculo en el pago de remuneraciones en el Ministerio desde 2020 y que afectó desde la ministra Antonia Orellana hasta diversas seremis y ex seremis, por un monto total que alcanza a casi 312 millones de pesos.
La situación se detectó luego de que el mandatario decidió reemplazar a la subsecretaria, Luz Vidal, y designar en su lugar a Claudia Donaire, en el marco de los anuncios efectuados como consecuencia de la puesta en marcha del Ministerio de Seguridad.
De acuerdo con lo informado por La Tercera, entre las autoridades afectadas por la equivocación se encuentran la titular de la cartera, Antonia Orellana, quien debió restituir algo más de 12 millones de pesos, y una subsecretaria que regresó 13 millones.
Además, la ex ministra Mónica Zalaquett también se vio afectada por el fallo de cálculo en su remuneración, así como 42 seremis y ex seremis, quienes deberán reintegrar el monto recibido de más.
El error en los sueldos detectado en el Ministerio de la Mujer
Según reveló el citado medio, el error en el cálculo de los sueldos en el Ministerio de la Mujer se detectó poco después del cambio en la subsecretaría, lo que dio lugar a un proceso de revisión interna del sueldo de la autoridad saliente, oportunidad en la que se detectó una aplicación incorrecta de la Ley N° 21.599.
Aquello llevó a “un error en lo referente al reajuste general de las remuneraciones del sector público, respecto de las remuneraciones de las autoridades nacionales del servicio, la subsecretaria y la propia ministra Antonia Orellana, entre diciembre de 2023 y marzo de 2025“, detalló el medio.
Fue un funcionario recién contratado quien detectó que su antecesora entre 2019 y 2024 “aplicó los reajustes a los trabajadores desde que se modificó la Constitución en 2020 para rebajar y luego congelar el sueldo de las más altas autoridades, cometiendo equivocaciones que tuvieron un costo de casi $312 millones para el Estado”.
Las acciones que instruyó la autoridad
Tras ser alertada, la jefatura del ministerio instruyó acciones para hacer frente al tema, las que comenzaron por definir el monto que debió reintegrar cada autoridad a las arcas fiscales.
Paralelamente, se ordenó revisar los procedimientos y corregir los cálculos de las remuneraciones, con el propósito de ajustarlas a la normativa vigente.
De igual forma, la detección del error dio lugar a un sumario administrativo que se inició en abril pasado para definir las responsabilidades y aplicar las sanciones correspondientes.
A la vez, se contrató una consultoría externa para revisar el proceso de cálculo y pago de remuneraciones a las autoridades y seremis del ministerio entre enero del 2022 y abril de 2025, que detectó errores en el reajuste de los sueldos de las seremis, que en total suman 42 autoridades regionales, las que también recibieron la orden de reintegrar el dinero recibido por error.
Además, la consultoría externa descubrió que las exsubsecretarias Carolina Cuevas y María José Abud y la exministra Mónica Zalaquett también recibieron dineros extras en sus remuneraciones, con montos que variaron entre $260 mil y $400 mil.
Qué dijo el ministerio sobre el tema
Consultado respecto del tema, el Ministerio de la Mujer informó a través de una declaración que “una vez revisado y contrastado el informe de la consultora externa con la información entregada por el sistema de pago de remuneraciones, durante diciembre de 2025, la Subsecretaria de la Mujer y la Equidad de Género emitió las resoluciones que ordenan reintegrar las sumas indebidamente pagadas a todas las personas afectadas, que ejercen o ejercieron el cargo de autoridades regionales entre los años 2020 y 2025 como parte del proceso de regularización“.
“Cabe señalar que el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género ha aplicado todas las medidas, conforme a sus competencias, para subsanar lo sucedido y evitar que este tipo de situaciones se vuelvan a repetir”, añadió.
Por último, la secretaría de Estado sostuvo que “reafirmamos nuestro compromiso con la probidad, el buen uso de los recursos públicos y en la mejora continua de los procesos que permitan un control efectivo y oportuno de los recursos fiscales“.
