El fiscal nacional, Ángel Valencia, reconoció la existencia de una deuda universitaria asociada a su etapa como estudiante, la cual fue revelada recientemente en un reportaje periodístico.
El caso salió a la luz tras una investigación que identificó a más de 30 altos funcionarios del Congreso y la Contraloría como deudores del Fondo Solidario de Crédito Universitario (FSCU).
Según la información difundida, el monto originalmente atribuido a Valencia alcanzaba las 218 UTM, equivalentes a cerca de $15 millones. Sin embargo, el propio fiscal entregó antecedentes que indican que su deuda real ascendía a 75,51 UTM, aproximadamente $5,2 millones, debido a una reprogramación con intereses.
Valencia aseguró que la obligación correspondía a un saldo pendiente de su último año de carrera, cursada hace más de tres décadas, y afirmó que el monto fue completamente saldado antes de la publicación del reportaje. El pago, según documentos citados por Biobío se habría concretado el 10 de abril, pocos días antes de la difusión de la investigación.
El fiscal sostuvo además que la diferencia entre las cifras publicadas se explica por ajustes e intereses acumulados en el tiempo, y reiteró que actualmente no mantiene deudas con la universidad.
El caso se enmarca en un debate más amplio tras el anuncio del Gobierno sobre el cobro de deudas asociadas al Crédito con Aval del Estado (CAE), donde se reveló que miles de funcionarios públicos figuran como deudores del sistema de financiamiento estudiantil.
