Las intenciones del Gobierno de José Antonio Kast respecto a acelerar las expulsiones y endurecer la política migratoria enfrenta un complejo escenario.
Lo anterior, debido a que la propia Policía de Investigaciones (PDI) reconoció ante el Senado que es “imposible” expulsar a ciudadanos venezolanos, una de las nacionalidades con mayor presencia de irregulares en el país.
Durante una sesión de la Comisión de Gobierno de la Cámara Alta y en medio de la discusión del proyecto que busca tipificar como delito en ingreso clandestino, el prefecto de la PDI encargado de Migraciones, Ernesto León, dio a conocer preocupantes datos.
Expulsión de migrantes: desafíos operativos y económicos
A día de hoy, existen cerca de seis mil venezolanos con decretos de expulsión pendientes, los cuales no se pueden ejecutar.
El principal motivo de ello tiene que ver con el quiebre de las relaciones consulares y diplomáticas de Chile y Venezuela. “No hay relaciones consulares, no los podemos identificar y no los aceptan”, expresó León, reconociendo que los vuelos de expulsiones hacia Caracas están suspendidos desde junio de 2025.
Junto con esto, se abordó el alto costo que implica para el Estado cada proceso de deportación, el cual asciende a aproximadamente $3 millones por cada persona (incluyendo pasajes aéreos, viáticos para escoltas policiales y logística de seguridad), lo que complica la viabilidad de concretar expulsiones masivas, considerando que hay un estimado de 300.000 migrantes en situación irregular en Chile.
Este hecho ya había quedado en evidencia la semana pasada, cuando el Gobierno de Kast concretó un vuelo con 40 expulsados y no se incluyó a ningún venezolano. En este marco, el operativo solo contempló a ciudadanos de Colombia, Bolivia y Ecuador, cuyos países sí tienen canales de coordinación con Chile.
