Tras una discusión que se extendió por más de tres horas -entre la sesión del lunes y la de esta jornada- la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley del Gobierno “Escuelas Protegidas”. Con 103 votos a favor, 43 en contra y tres abstenciones la iniciativa continuará su rumbo al Senado.
La iniciativa contempla una serie de medidas que, a juicio del Ejecutivo, fortalecerán la seguridad, el orden y el respeto al interior de los colegios. El proyecto fue presentado después de la muerte en un colegio de Calama de la inspectora María Victoria Reyes en manos de un alumno de 18 años que, según escritos encontrados en su habitación, pretendía extender su ataque a otros estudiantes.
Durante la discusión, parlamentarias de oposición como Emilia Schneider (FA) y Daniela Serrano (PC) hicieron varias indicaciones para modificar el artículo que permite la revisión de mochilas y reservas de constitucionalidad. Entre sus exigencias estaba, por ejemplo, que esta medida solo se aplicara a mayores de 14 años o que previamente se informara a los padres, lo que fue rechazado. Sí se aprobó su petición para que se tengan consideraciones extra, como el acompañamiento de profesionales capacitados, para los alumnos con necesidades educativas especiales.
El proyecto
Entre las disposiciones de “Escuelas Protegidas”, hay dos que facultan a los establecimientos revisar las mochilas de los alumnos y recurrir a las policías en caso de que alguno se niegue y existan indicios de la posible comisión de delitos.
Otra de las normas ordena agotar las instancias de gestión colaborativa antes de denunciar algún hecho a la Superintendencia de Educación, salvo en casos de delitos o infracción de derechos fundamentales. Para este organismo, también se dispone el deber de sancionar denuncias sin fundamento.
Por otra parte, se establece la obligación de los sostenedores de prohibir vestimentas que dificulten la identificación facial y aquellas que inciten al odio. También se considera como infracción grave a la convivencia escolar la interrupción de clases o suspensión de actividades académicas que sean cometidas por estudiantes, salvo aquellas de carácter involuntario que sean cometidas por alumnos con necesidades educativas especiales.
Una de las normas que más ha causado rechazos en la oposición es la que incorpora como requisito para acceder a la gratuidad no haber sido condenado por delitos que atenten contra la vida o la integridad física de las personas o contra la propiedad ya sea pública o privada. Esta inhabilidad tendrá una duración de cinco años. Durante el debate, la ministra María Paz Arzola (IND) anunció que acogerán en el siguiente trámite constitucional la sugerencia de la DC de circunscribir la comisión del delito a espacios escolares.
