La Corte Suprema emitió un crítico informe sobre la ley de Reconstrucción Nacional que impulsa el Gobierno de José Antonio Kast, donde afirma que se requieren “ajustes relevantes”, particularmente en el cambio de régimen de evaluación ambiental.
Fue el pasado 4 de mayo cuando el pleno de la Suprema se reunió para analizar la denominada ley miscelánea, cuyas observaciones se remitieron al presidente y secretario de la Cámara de Diputadas y Diputados.
En este marco, el máximo tribunal se refirió específicamente a las “modificaciones al régimen de evaluación ambiental, al sistema de impugnación de las Resoluciones de Calificación Ambiental y a las competencias de los Tribunales Ambientales”.
Entre las conclusiones del informe, se extrae que “el proyecto contiene objetivos atendibles vinculados a la certeza jurídica, la especialización jurisdiccional y la racionalización de los procedimientos ambientales”.
No obstante, señala que “la regulación propuesta requiere ajustes relevantes de coordinación normativa, precisión competencial y delimitación sustantiva de sus efectos”, por lo que “parece recomendable formular observaciones al proyecto”.
El crítico informe de la Corte Suprema sobre la ley de Reconstrucción Nacional
Dentro del informe, se evidenció una división de los ministros de la Corte con respecto al mecanismo de restitución de gastos por parte del Estado a las empresas cuya resolución de calificación ambiental sea anulada judicialmente.
“La propuesta innova de manera significativa en el ordenamiento, al permitir que el Fisco asuma costos derivados de una inversión privada cuya resolución de calificación ambiental fue anulada judicialmente”, advierte.
Frente a esto, se expone que “la regla aparece formulada en términos amplios”, situación por la cual se recomiendan una serie de exigencias para que el Estado no termine transformándose en un asegurador general del riesgo regulatorio de la inversión privada.
En este sentido, se sugirió incluir exigencias más estrictas, como la acreditación de “buena fe del titular, ausencia de contribución al vicio, razonabilidad de los gastos y una carga patrimonial anormal o desproporcionada”.
Otro de los cuestionamientos tiene que ver con el nuevo sistema de reclamaciones ambientales que plantea el Ejecutivo.
El máximo tribunal señala que la iniciativa “no define con claridad si introduce una regla excepcional o una modificación general del sistema“, lo que podría generar problemas de interpretación jurídica.
