La disputa judicial por la compra que hizo un ciudadano argentino de un terreno en una zona fronteriza de Futaleufú sigue teniendo repercusiones, pese a que el caso estaba pronto a prescribir. La adquisición de las más de 200 hectáreas fue puesta en tela de juicio debido a que la ley, salvo excepciones, prohíbe a nacionales de países limítrofes adquirir bienes raíces situados total o parcialmente en las zonas del territorio nacional declaradas como fronterizas, por razones de interés nacional.
Las partes en cuestión son el empresario chileno Antonio Carracedo Rosende y el empresario argentino Jorge Becerra Urbano. Carracedo, hace diez años, vendió 260 hectáreas de Futaleufú a ciudadanos que tenían nacionalidad española e italiana. La nacionalidad argentina de dos de ellos fue omitida en el trámite notarial, según la parte denunciante también integrada por la Junta de Vecinos de Futaleufú.
Aunque parlamentarios como Enrique Lee o Fidel Espinoza remitieron los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado, fue la Contraloría la que se pronunció recientemente. A juicio del organismo liderado por Dorothy Pérez, la compra está en regla pues el porcentaje de participación de Becerra en la sociedad dueña del terreno es menor al 40% que la ley fija como el máximo para ciudadanos de países limítrofes.
Pese a que el asunto parece estar en regla, la Contraloría de igual manera remitió los antecedentes a la Fiscalía pues detectó que el abogado de Rumbo Sur, Gustavo Ortiz, declaró que el capital y el control de esta empresa no estaban en manos de ciudadanos de países limítrofes, lo que no se condice con la realidad.
Quién es Jorge Becerra
Una activa labor empresarial tiene el ingeniero industrial de la Universidad de Buenos Aires Jorge Becerra, nacido en 1959. Es director y social principal de Boston Consulting Group, una firma de consultoría estratégica. El rol de Becerra en ellas se ha remitido, entre otras actividades, a la fundación de las oficinas de la firma en Miami, Buenos Aires y Santiago.
Según dijo a La Tercera, se radicó definitivamente en Chile en 2009. Su apego a la Patagonia es conocido, en sus oficinas tiene fotos tanto de la parte chilena como de la argentina, donde se encuentra su ciudad de origen, Comodoro Rivadavia.
Durante el gobierno de Mauricio Macri fungió como asesor ad honorem en áreas como la supervisión estratégica de compañías públicas. En paralelo, ha trabajado en diversos sectores como los servicios financieros -es parte del directorio de BCI-, comercio minorista, telecomunicaciones y minería.
Desde su defensa, que encabezan Jaime Barrientos y Gustavo Ortiz, dijeron al medio digital En Estrado que “contrario a lo que se ha intentado instalar, la normativa en zonas fronterizas no prohíbe de forma genérica la participación de extranjeros”.
“Resulta preocupante que se pretenda usar la caja de resonancia del Congreso para dirimir disputas privadas. Existen intereses particulares, litigios previos y actores directamente involucrados en mantener viva una disputa patrimonial. Bajo la apariencia de una preocupación por la soberanía nacional, lo que realmente vemos es un esfuerzo por reducir la reputación de los socios de Rumbo Sur para forzar una venta bajo presión. Honestamente, el único objetivo aquí parece ser generar una venta forzosa para que ciertos actores puedan comprar a precio de ocasión”, señaló Barrientos al citado medio.
